*Una discusión que exige profundidad
**Debate recurrente en un mundo globalizado
No es fácil de dilucidar la polémica en torno de los gastos que implica la estrategia de política internacional de Colombia. En las últimas semanas se han generado debates sobre la relación costo-utilidad de eventos como la Cumbre de las Américas que se realizó en Cartagena a mediados de abril y la reciente campaña para impulsar la candidatura del vicepresidente Angelino Garzón a la dirección de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Los críticos del cónclave continental en La Heroica consideran que la inversión de más de 62 mil millones fue a todas luces excesiva y sostienen que pudo realizarse un evento más austero y haber utilizado la mayor parte de esos recursos en programas de salud, vivienda y apoyo a los sectores con necesidades básicas insatisfechas. También traen a colación el costo muy inferior de anteriores cumbres o que todo el eco mediático se concentrara en el escándalo sexual de los agentes del Servicio Secreto de E.U. En cuanto a la fallida campaña para conquistar la OIT, se escuchan voces que advierten que desde el comienzo era evidente que sería muy difícil ganar esa elección y, por lo tanto, previsible que el costo de los viajes del Vicepresidente y la Canciller a distintas partes del planeta en busca de apoyos sería infructuoso.
La Cancillería, a su turno, no sólo entregó semanas atrás un detallado informe sobre los costos de la Cumbre de las Américas, sino que recalcó la importancia de la misma en materia de posicionamiento geopolítico de Colombia ante el continente y el mundo. También destacó que en un mismo evento se llevaron a cabo tres cumbres, en referencia al foro social, el cónclave empresarial y la reunión de los jefes de Estado. Y a ello se sumó la reunión bilateral con el presidente estadounidense Barack Obama. En lo que hace a la campaña para la OIT, es claro que hubo costos por la gestiones en busca de apoyos, pero el Gobierno sostiene que siempre se pensó que Garzón tenía una oportunidad de triunfo real, al tiempo que defiende muchos de esos contactos con países africanos o asiáticos ya que sirvieron para entablar o arrancar una relación diplomática más fuerte con naciones que por razones políticas, económicas, comerciales y de lucha contra el crimen transnacional, entre otros aspectos, son clave para nuestro país.
Más allá de ese contrapunteo sobre dineros gastados, lo cierto es que, en el fondo, el análisis debe centrarse en si en un país con necesidades sociales no suplidas, la evaluación de la política internacional del Estado debe restringirse única y exclusivamente a una óptica cuantitativa de costo-beneficio, o si, por el contrario, se acepta la tesis de que la diplomacia y la geopolítica tienen enfoques más integrales, de alta política y cualitativos, con unos efectos e implicaciones a corto, mediano y largo plazos que no se pueden reducir a la simple revisión de las cifras.
Y es que hablar de política internacional de un Estado va más allá de lo referente a desplazamientos, viáticos u organización de eventos bilaterales o multinacionales. Comprende el costo de la nómina diplomática, la apertura o cierre de embajadas y consulados o la misma asistencia a un sinnúmeros de foros, cumbres, reuniones, cónclaves y convenciones sobre múltiples aspectos y temáticas políticas, sociales, económicas e institucionales, entre otras.
No se trata de un debate gaseoso o teórico. En varios países europeos, por ejemplo, se discute hasta qué punto debe restringirse el gasto en embajadas y gestiones internacionales para encajar dentro del obligado plan de austeridad fiscal. Mientras algunos sectores dicen que los recortes deben ser generales y no señalan como verdaderamente prioritario el gasto diplomático, otros consideran anacrónico y contraproducente que se afecte la estrategia geopolítica y geo-económica en medio de un mundo globalizado y competitivo en el que viejas y nuevas potencias -la mayoría emergentes- no desaprovechan ningún escenario para defender o hacer primar sus intereses en cualquier nivel.
Como se ve, el debate sobre los costos de la implementación de la estrategia internacional de los países no atañe sólo a Colombia. En Brasil y Chile, sin duda las naciones con más proyección y presencia externa de Suramérica, también se ha discutido al respecto. Y allí, dicho sea de paso, los presupuestos de las cancillerías son millonarios y sus aparatos diplomáticos de los más activos.
Como se dijo, no es fácil dilucidar esta polémica y, al final, será el criterio del gobierno de turno y los resultados que presente, lo que incline la balanza.