En las pocas semanas de este año no son pocos ni de bajo impacto los hechos económicos, marcando desde ya que el 2025 será muy complicado y desafiante.
De entrada, están los decretos que aterrizaron el obligado recorte de recursos del Gobierno Nacional Central. Resulta evidente que más que una crisis fiscal como tal, el apretón del gasto e inversión, tanto el año pasado como el actual, se debe a un injustificado, irreal e incluso irresponsable sobredimensionamiento del Presupuesto General de la Nación. No se entiende cómo y por qué se pasó de una carta anual de $350 billones autorizados para 2022 a los utópicos $523 billones que esta administración propuso para 2025 y que el Congreso no le aprobó.
Ese incremento presupuestal es contrario a la lógica y la ponderación fiscal: en los últimos tres años el PIB cayó drásticamente de 7,5% en 2022 a 0,6% en 2023 y en 2024 no habría crecido más allá de 1,8%. Además, las metas de recaudo tributario se incumplieron, hubo sendas escaladas inflacionarias y de tasas de interés, al tiempo que la accidentada política económica oficial y sus proyectos de reforma llevaron a una disminución la inversión extranjera, profundizaron la incertidumbre empresarial y desaceleraron el clima de negocios, entre otros efectos lesivos.
Como se advirtió muchas veces el sobredimensionamiento presupuestal del gobierno Petro, utilizado para disparar el gasto burocrático y medidas de populismo económico, agravó el déficit fiscal y lo terminó forzando a apretarse el cinturón, aunque de forma tardía e insuficiente.
Ese marco circunstancial explica muchos de los hechos de las últimas semanas como las alertas por el incumplimiento de la Regla Fiscal; los campanazos en torno a que el recorte de $14 billones para 2025 es irreal y debería subir a no menos de $40 billones; la orden de la Corte Constitucional al Ejecutivo para reajustar sustancialmente los giros a las EPS y un sistema de salud en crisis; el decrecimiento del Índice de Crecimiento de la Economía (ISE) entre octubre y noviembre; el aumento de la inflación en enero; las alarmas sobre incrementos en las tarifas de gas y energía; las dudas sobre los decretos de conmoción interior en Catatumbo que impactan tributos y recursos oficiales; los altibajos del dólar, el coletazo en los gastos empresariales por el aumento salarial y hasta la decisión del Banco de la República de no disminuir en enero sus tipos de interés.
Indudablemente, hay vasos comunicantes en muchas de esas situaciones, ya que, en el fondo, tienen una causa común: las “cuentas de la lechera” en materia presupuestal.