División y equilibrio de poderes

Los filósofos del Estado

Lo conservador en Colombia tiene un componente en esencia democrático, es contrario a privilegios y respeta los principios generales republicanos de la separación de poderes, siembre bajo el ideal humanista de elevar la condición de la población por medio de la educación y la cultura; a lo  largo de la historia se destaca como defensor insobornable del cambio. Lo que nos permite ver con la mayor simpatía que el gobierno de Juan Manuel Santos se la juegue por una reforma del Estado que comprende nada menos que modificar 31  artículos de la Constitución.  Lo que determina que esa reforma se medite muy a fondo, para no debilitar de improviso más el Estado, ni crear más cortes que tanto han contribuido a anarquizar el sistema. La política colombiana primigenia recibe la influencia de los conceptos constitucionales de Montesquieu desde los tiempos de la fundación de Colombia por el Libertador Simón Bolívar, influjo que se produjo antes en Estados Unidos y en Francia. Para Montesquieu: “La división de poderes es esencial para propender al equilibrio de poderes”. Y agrega: “cuando el poder legislativo está unido al del poder ejecutivo, en la misma forma o en el mismo cuerpo, no hay libertad porque se puede temer que el monarca o el Senado promulguen leyes tiránicas para hacerlas cumplir tiránicamente. Tampoco hay libertad si el poder judicial depende  del legislativo, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, pues el juez sería al mismo tiempo legislador”.

La contradicción anterior  se ha producido repetidas veces  en Colombia, más en la actualidad  cuando algunos magistrados pretenden evadir la ley escrita y en nombre de defender tales o cuales derechos o “el desarrollo de la Constitución” entran a legislar, gravísimo mal que en la Reforma del Equilibro de Poderes y Reajuste Institucional  debería ir más a fondo en combatirlo. La libertad periclita cuando el poder judicial pende del legislativo o el ejecutivo. En el entendido que los poderes públicos deben trabajar conjuntamente desde su propio campo por el imperio de la ley y la eficacia del Estado. Es evidente que todo cuerpo de leyes o de reforma del Estado, por unos hombres sobre otros en nombre del pueblo en el Congreso o en una asamblea popular, lo fecundan unas minorías so pretexto de interpretar la voluntad de los más. Hobbes destaca lo que ya había percibido en la antigüedad griega nuestro padre Aristóteles,  que “la soberanía del derecho significa sólo la soberanía de los hombres, que interpretan o aplican las normas judiciales, en síntesis; el predominio de cierta fuerzas políticas sobre otras”, que se establece en el Congreso según la relación de fuerzas políticas. Luego aparecen los ideólogos, estos dicen que la ley se hizo en nombre de la bondad general del hombre, la generosidad de la humanidad, el amor a la libertad, por la concordia, el entendimiento o la paz social. Cuando lo fáctico es que se trata de una relación de poder en la que  el Congreso o las asambleas se mueven por el número de votos. Lo que explica los  frecuentes cambios en las leyes y  los códigos, según los intereses creados y los copistas de moda. Son raros los legisladores que al modo de Solón reflexionan a fondo sobre nuestros males.

El Gobierno, como lo sentenció en campaña, cumple al  tomar la iniciativa política en el Congreso, así, inicialmente, se haya mostrado de un humor cambiante en relación con propuestas como la de alargar el mandato de los alcaldes. Se intenta solventar los problemas derivados de la reelección presidencial y se acuerda que no habrá reelección, por lo que hace inane parte de las  alteraciones de fondo del Estado para restablecer el equilibrio de poder, al anular la reelección en cuatro años se debería proceder a la inversa. Para unos la reforma es una bendición para la clase política, en tanto se estruja la independencia del Congreso, que es lo contrario de lo que se anuncia, para volver al sistema de otorgar directamente ministerios y canonjías a los representantes del pueblo, un  salto atrás para el equilibrio de poderes. Se emascula la Procuraduría, en el momento que se le recortan poderes  y la cabeza del organismo de control  depende de la venia presidencial. Se avanza a la iniciativa de crear nuevas circunscripciones regionales de Senado para los departamentos de menos de 500.000 habitantes, que hoy carecen de voceros. Los legisladores, al parecer, no ven con buenos ojos  que se modifique la circunscripción nacional al Senado, antidemocrática y que  eleva los gastos electorales y contribuye a agigantar  la corrupción; más en un país donde la economía ha recibido $ 37 billones en regalías y buena parte se van a las alforjas de políticos corruptos. Ninguna reforma reciente ha conseguido exorcizar las plagas de la anarquía y la codicia.