* Reto de nuevo marco normativo
* Entre ilegalidad e informalidad
Los graves hechos relacionados con el desborde del conflicto armado en la extensa área limítrofe con Venezuela (telón de fondo del reciente atentado contra el presidente Duque); la crisis por 15 mil migrantes ilegales varados en Necoclí (Antioquia) desesperados por pasar a Panamá; la alarmante depredación ambiental en Putumayo y Amazonas, en las franjas territoriales selváticas que conectan con Perú y Brasil; y las extensas zonas de narcocultivos en Nariño, en cercanías a Ecuador, tienen un común denominador: la débil presencia del Estado colombiano en las fronteras.
No en pocas ocasiones hemos advertido en estas páginas que una de las grandes falencias estructurales en las políticas de desarrollo nacional es que las mismas no se extienden o aplican con igual intensidad en las zonas de la periferia. Una deficiencia que ha generado, precisamente, que los factores de la ilegalidad y la informalidad puedan campear en estas regiones, no en pocas ocasiones incubando la violencia y atropellando todos los derechos de su atribulada población.
Colombia, por su estratégica y privilegiada ubicación geográfica, al ser el eje territorial de unión entre el centro y el sur del continente y estar bañada además por los océanos Pacífico y Atlántico, tiene fronteras terrestres o marítimas con once países. Las primeras, con una extensión superior a los 6.300 kilómetros lineales, son con Panamá, Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador, en tanto las segundas se trazan con Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Jamaica, Haití y República Dominicana.
Obviamente la regularización permanente de la actividad en todas las fronteras requiere un esfuerzo mayúsculo, más allá incluso de los pleitos de delimitación vigentes con Nicaragua y Venezuela. Sin embargo, lamentablemente nuestro país no ha podido a lo largo de las últimas décadas contar con un marco normativo coherente y estructurado que le permita tramitar los retos de orden político, económico, social, migratorio, educativo, comercial, sanitario, laboral, de seguridad y en otros múltiples campos en donde las circunstancias poblacionales e incluso asuntos de seguridad nacional obligan a aplicar leyes y directrices excepcionales y diferenciales.
Precisamente por ello es que en cada gobierno se habla de la necesidad de establecer o modernizar el Régimen de Fronteras y se han proyectado o aprobado leyes, decretos y otras directrices de orden nacional, departamental y hasta municipal en esa dirección. Un desordenado ejercicio regulatorio que terminó convirtiendo las reglas del juego de estas extensas zonas en una especie de ‘torre de babel’, cuya complejidad y difícil aplicación es la que alimenta los patrones de comportamiento informal e ilegal en regiones limítrofes.
En ese orden de ideas, debe resaltarse que esta semana haya entrado en vigor la nueva Ley de Fronteras que, en primer lugar, ordena la legislación que se aplicará en todas las zonas limítrofes que, como ya se dijo, debe ser excepcional y diferenciada. Puntualmente se avanza en temas relacionados con la agenda de desarrollo sectorial, el funcionamiento de las comisiones binacionales, los estatutos tributarios especiales, así como otros flancos en materia de registro comercial, precios de combustibles, presencia institucional, acciones de integración limítrofe, proyectos de inversión social y económica prioritaria, desarrollo sostenible… Obviamente, dada la difícil coyuntura por el covid-19, también se institucionalizan los planes de contingencia sanitaria.
Esa nueva norma se complementa con la Ley de Política Integral Migratoria, que le permite a Colombia tener una de las legislaciones más modernas a nivel continental, basada en los ejes de inclusión, solidaridad y regulación eficiente de los flujos poblacionales. No hay que olvidar que ya al comienzo de este año nuestro país activó el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, destacado a nivel mundial como el marco normativo más constructivo, moderno y avanzado en cuanto a la atención a largo plazo de la diáspora de más de cinco millones de personas que han huido del vecino país por culpa de la crisis creada por la dictadura chavista. Prueba de ello es que Colombia invierte más de mil millones de dólares al año en atender esta tragedia humanitaria y de allí que insista a la comunidad internacional que colabore de forma más tangible para enfrentar la crisis más grave de occidente en los últimos años, obviamente después de la pandemia.
Lo importante, en todo caso, es que este nuevo régimen de fronteras se aplique en toda su dimensión de forma permanente y eficaz. De poco servirá la nueva legislación si las autoridades no se hacen sentir en las zonas limítrofes, y no solo con Fuerza Pública sino con todo el organigrama social y económico estatal. Solo así se podrá evitar que en algunos tramos de fronteras siga campeando el abandono poblacional, la informalidad en casi todos los tópicos o, peor aún, grupos ilegales como la guerrilla, los carteles del narcotráfico, los contrabandistas y los traficantes de migrantes.