Hoy,  más que nunca, se debe defender con ardor el imperio de la ley. La ley y el orden son esenciales para la convivencia y el desarrollo civilizado del país. En momentos como los que atraviesa la nación, cuando crecen las bandas criminales de toda laya, aumentan la presión y extorsión a las empresas y particulares, no se debe transar la ley. Lo mismo que mina el sistema y lo hace inoperante, el fenómeno creciente y perturbador de la politización de la justicia. La desidia es uno de los peores flagelos de la sociedad. Es increíble que tengamos más de un mes de paro de la rama judicial, con efectos desastrosos para la justicia, sin llegar a un acuerdo que normalice el trabajo en los juzgados.

La paciencia de los ciudadanos tiene límites, el daño que se les hace a las instituciones es perturbador, varios incriminados por delitos abominables se favorecen con la morosidad. judicial. Personas que llevan juicios que afectan su patrimonio están desesperadas. Gentes de negocios, con pleitos cuantiosos, pierden millones. La justicia en vilo facilita que se cometan diversos delitos en la absoluta impunidad. Los centros de reclusión temporal están colmados de detenidos que, en ocasiones, son liberados. En la medida que sigue el paro crece la impunidad. En medio de las protestas algunos funcionarios han querido retornar al trabajo y sus colegas lo han impedido por la fuerza.

La rama judicial tiene el derecho de reclamar mejores  condiciones de trabajo, en tanto no pongan en peligro la eficacia y respetabilidad de la justicia. Los servidores públicos deben dar ejemplo de respeto a las instituciones. Un servicio público cuyos miembros  prolongan su ausencia del trabajo, demuestra que falla en cuanto al  compromiso con la sociedad.  No se entiende que cuando el Ministro de Hacienda le gira a la rama judicial los dineros que reclama y con los que cuenta el Consejo de Judicatura, el paro se mantenga, a menos que intereses oscuros estén en juego.