*La paz, reto trascendental
*Reformas sí, reformitis no
Se agota la cuenta regresiva para la instalación de la primera legislatura del Congreso elegido en marzo pasado. Está en pleno hervor la campaña interna para la escogencia de las mesas directivas y, como siempre ocurre, sólo a última hora se definirá el panorama definitivo en torno de quienes presidirán el Senado y la Cámara de Representantes a partir del 20 de julio. También se mueve ya lo referente a las presidencias de las comisiones parlamentarias permanentes y no faltan los rifirrafes en temas menores como la asignación de oficinas y hasta de esquemas de seguridad… Se trata, sin duda, de asuntos de segundo orden y que una vez superados deben llevar a que el nuevo Congreso se concentre en las que serán sus grandes y trascendentales tareas en las cuatro legislaturas del mandato presidencial que bajo el liderazgo del Jefe de Estado reelecto Juan Manuel Santos arrancará el próximo 7 de agosto.
Está claro que este deberá ser el Congreso de la paz, el encargado de viabilizar a través de un cuerpo normativo claro y ágil todo aquello que se acuerde en los procesos de negociación con las guerrillas de las Farc y el Eln. Y es, precisamente, aquí en donde está el primer gran reto para los senadores y representantes a la Cámara que se posesionarán en menos de cuatro semanas: el referendo por la paz. Como se sabe, si se llega a un acuerdo para la terminación definitiva del conflicto con las guerrillas, lo negociado deberá ser sometido a consideración de la ciudadanía mediante la convocatoria de un mecanismo de participación popular, que muy posiblemente sea un referendo aunque también se podría acudir a una consulta popular u otra herramienta de refrendación por parte del constituyente primario. Tramitar ese eventual referendo, hacerlo con objetividad y ponderación, dejando de lado las coyunturas políticas y partidistas, y pensando siempre en el bien supremo que significa para el país dejar atrás la guerra, será un desafío sin precedentes para el poder legislativo en Colombia. Como también lo será, en caso de que el acuerdo con la subversión reciba el respaldo popular, debatir y aprobar luego las reformas constitucionales y leyes que, basadas en el Marco Legal para la Paz, sean necesarias para implementar lo negociado y dar paso sólido al posconflicto.
No menos importante será la discusión de varias reformas de alto calado que han anunciado tanto el reelecto Gobierno como las distintas bancadas. Los ajustes de fondo a la justicia, el sistema político y electoral, la salud o la educación superior así como proyectos de alto calibre normativo como el Estatuto de Desarrollo Rural, el Código Minero y otras modificaciones prometidas a la legislación laboral, penal o financiera, entre otros aspectos, requerirán del Parlamento en su conjunto una aplicación y disciplina muy altas.
Si bien es cierto que desde ya se configura un mapa político que muestra una coalición parlamentaria gubernamental que tendrá mayorías en ambas cámaras, así como otros partidos minoritarios tanto en la oposición como en la franja independiente, la complejidad de la agenda legislativa que asoma en esta primera legislatura exigirá de todas las facciones compromiso y profundidad en el trámite del alud de las iniciativas.
En medio de ello siempre debe tenerse como norte que así muchos de esos ajustes institucionales sean necesarios, no se puede caer en la reformitis gratuita y desordenada. Lo peor que le puede pasar al país en estos momentos tan definitivos es que la arquitectura funcional de la Carta Política y el andamiaje legal subordinado terminen siendo desarticulados por cambios incoherentes e inconexos.
En no pocas ocasiones hemos urgido desde estas páginas que la iniciativa legislativa de los parlamentarios tenga un filtro previo en las propias directivas partidistas o en la instancia de las bancadas, con el fin de evitar que las comisiones y plenarias se vean congestionadas con el trámite de proyectos inanes o sencillamente ajenos a cualquier lógica institucional. Igual, es claro que todavía están pendientes reformas al propio Reglamento Interno del Congreso, con el fin de hacer más ágiles, transparentes y productivas las distintas funciones legislativas, electorales, de control político y de otra índole que le competen al Parlamento.
La primera legislatura del gobierno Santos, que está a punto de terminar su primer mandato, recibió los calificativos de admirable e histórica por la calidad de las normas que aprobó. Ojalá este nuevo Congreso tome nota de ese antecedente y no sea inferior a las urgencias de un país que, sin lugar a dudas, atraviesa una coyuntura en la que se juega el futuro de varias décadas.