* Prueba de fuego a justicia brasileña
* Reto estatal en país muy polarizado
En todo un reto a la institucionalidad estatal y la legitimidad judicial se convirtió el proceso penal que un juez brasileño adelanta contra el expresidente de derecha Jair Bolsonaro, sindicado de estar detrás de una presunta intentona golpista contra el gobierno del actual mandatario Inácio Lula Da Silva, así como de una estrategia para desacreditar los comicios que llevaron al poder a este último a finales de 2022.
Aunque la causa contra el exmandatario está abierta desde el año pasado, lo cierto es que en las últimas semanas tomó un ritmo acelerado. El pasado 8 de febrero la Policía lanzó la llamada operación “Tempus Veritatis” (la hora de la verdad, en latín) contra Bolsonaro y varios de sus aliados políticos y exaltos exfuncionarios. Hubo allanamientos y detenciones. Incluso, días atrás el expresidente tuvo que comparecer ante el juez de la causa, frente al cual guardó silencio alegando falta de garantías. Hoy tiene prohibido salir del país, por lo que fue obligado a entregar su pasaporte.
El exjefe de Estado ha insistido en que nunca propició acción alguna para evitar que Lula Da Silva asumiera el poder el primer día de 2023. También niega que haya estado detrás de las marchas y desórdenes que se registraron días después de la posesión del mandatario de izquierda. Incluso advierte que es blanco de una persecución política y judicial instigada desde sectores oficialistas con el fin de debilitarlo como el principal líder de la oposición en el gigante suramericano.
A ello se suma que partidarios suyos sostienen que en este país ocurre lo mismo que en otras naciones en donde los regímenes de izquierda promueven causas judiciales para neutralizar a sus enemigos y asegurarse la permanencia en el poder. Y, como si fuera poco, denuncian que esa justicia ‘parcializada’ es la misma que anuló años atrás las condenas por corrupción impuestas a Lula Da Silva por el escándalo de ‘Lava Jato’ y que lo llevaron a prisión. Como se recuerda, tras caerse esos fallos, el hoy mandatario recobró la libertad y pudo postularse para conquistar un tercer mandato.
Los jueces y magistrados que llevan el caso sostienen, por el contrario, que hay suficientes pruebas para sustentar, de un lado, que Bolsonaro y compañía sí habrían planificado desacreditar el escrutinio de votos electrónico en los comicios en que el entonces presidente-candidato perdió ante el dos veces mandatario de izquierda, en octubre de 2022. Ante las acusaciones de que el proceso penal está politizado, replican que no hay tal y recalcan que hay documentos y testimonios que constatarían que sí hubo una intentona golpista orquestada desde el gobierno saliente de derecha contra el entrante de izquierda.
Como es apenas obvio, este proceso penal tiene divididos a los brasileños, que no han podido superar la polarización política heredada de los comicios presidenciales de 2022. Sectores afines al gobierno actual señalan que la justicia debe investigar a Bolsonaro porque atentó contra el sistema democrático, en tanto que los críticos advierten que hay una clara persecución contra la oposición, no solo de cara a debilitar al exmandatario (que hoy está inhabilitado políticamente por una directriz del Tribunal Superior Electoral), sino también a los llamados a defender sus banderas en las presidenciales de 2026.
Una prueba de lo caldeados que están los ánimos se dio, precisamente, ayer. Más de medio millón de partidarios de Bolsonaro (otras cifras hablaban de 700.000) marcharon en Sao Paulo para respaldar al exmandatario y protestar por los procesos penales en su contra. La mareada humana copó las principales autopistas de la ciudad brasileña, vestida con los colores de la bandera. De hecho, algunos de los dirigentes que se perfilan como candidatos de este sector político participaron en la movilización.
Visto todo lo anterior, se entiende cómo las investigaciones contra el exmandatario tienen una implicación que va más allá del contrapunteo de pruebas y argumentos de los operadores judiciales y la defensa de Bolsonaro. En un país muy polarizado, las sospechas y el apasionamiento político están a la orden del día. Lo saben los jueces, el Gobierno y la oposición. Por lo mismo, es necesario que estas causas penales se lleven a cabo con la máxima transparencia y capacidad de escrutinio público, ya que no solo está en juego la legitimidad estatal y la separación de poderes, sino el orden y la convivencia ciudadana.