*Ojo con la contracultura

*No aventuramos falsas hipótesis

Las  conversaciones que se llevan a cabo en La Habana por cuenta de la delegación gubernamental que preside Humberto de la Calle y los representantes de las Farc se mueven a distinto ritmo, recordando el cambiante flujo y reflujo del mar que parece mecer las playas de esa isla. Los colombianos han seguido con temor, escepticismo y sano optimismo, en algunos casos, los altibajos de una negociación que tiene dividido y polarizado el país. No existen dudas en cuanto a la voluntad del pueblo para  fortalecer la democracia y que los subversivos abandonen las armas y se terminen así los crímenes, asesinatos y genocidios que han padecido nuestros nacionales por varias décadas. Lo que no significa que a cambio de una negociación por la convivencia pacífica prevalezca la impunidad en delitos de lesa humanidad. A la luz del derecho internacional y de los pactos de derechos humanos de los cuales Colombia es signataria, como lo manifestó la secretaria del Tribunal de Justicia de La Haya, los delitos de lesa humanidad no se pueden amnistiar, ni borrar o desconocer a capricho de los Estados o de la fuerza subversiva. Naturalmente la ONU y los organismos internacionales, lo mismo que las grandes potencias, ven con buenos ojos que un conflicto demencial y crónico como el colombiano se resuelva por la negociación.

Es de advertir que las principales víctimas de la violencia de las Farc y de otros grupos armados han sido los labriegos y campesinos indefensos así como los habitantes de muchos municipios, al igual que las autoridades locales, policiales o militares de esas zonas que  han estado por sucesivas generaciones sometidas a la oprobiosa dictadura del fusil y los peores padecimientos, todo ello por cuenta de los cultivos ilícitos con los que se financian las Farc y que les permiten adquirir un arsenal bélico poderoso para resistir el ataque de las Fuerzas Armadas de Colombia, que cuentan con el apoyo de Estados Unidos. Dicha arremetida de los violentos no habría sido posible sin el trasfondo político que suele apoyar esas bandas criminales desde las mismas instituciones democráticas de Colombia, así como de los países vecinos y lejanos que, de alguna manera, han protegido a las Farc y sus agentes. Es claro que sin ese apoyo  estas y estos no habrían podido mantenerse en el monte durante tanto tiempo.

En cualquier caso las instancias y circunscripciones especiales que se creen para permitir la reinserción y la intervención en política de los subversivos que acepten las reglas de paz, deben estar regidas por claros principios democráticos como los consagrados en la Constitución. Esto para que, como consecuencia de un  fatal desliz de la negociación, no vaya a convertirse a la población local en virtual prisionera, so pretexto de obtener una representación especial de los subversivos en el Congreso. Esa iniciativa que han acordado en La Habana Gobierno y Farc implica que se aumentaría el número de representantes en el Parlamento por circunscripción especial, pero, tal como lo aclara Humberto de la Calle, sin que se disminuya la composición actual del número de parlamentarios. Tampoco se sabe a qué numero ascenderían los representantes de esa eventual fuerza subversiva que, tras desarmarse y reinsertarse, entraría a hacer política. Cuando se esclarezca esa nominación se podrá visualizar mejor el futuro del desarrollo democrático de la institución legislativa.

Lo que importa más en estas negociaciones de paz es que la contracultura no termine por enaltecer a los subversivos que por décadas  ejercieron la violencia contra el Estado y la población civil. La voluntad de paz del Gobierno, de los colombianos, no puede degenerar en la capitulación de los valores, de la democracia y de la ley. Es evidente que la gran mayoría de los colombianos es gente de paz y víctima de la violencia homicida que desató la subversión con el objetivo de llegar al poder por medio de las armas. Por lo que sería antidemocrático permitirles a través de una negociación alcanzar los objetivos de poder, que no pudieron conquistar con las armas. Así como tampoco se puede equiparar a la subversión con las fuerzas democráticas. Otra cosa es que en aras de la convivencia se les permita a los antiguos subversivos, sobre todo a aquellos que no hayan cometido delitos de lesa humanidad, participar en política, amparados por un estatuto especial que les permitiría a varios de sus jefes convertirse en congresistas. Por tanto, como los señalamos en el título de este editorial, hasta que no tengamos las demás piezas del rompecabezas de la paz, por sustracción de materia nos abstenemos de aventurar hipótesis alrededor del proceso y el verdadero alcance de los acuerdos anunciados apenas en forma general.