* Reconocer victoria de González, única opción posible
* Fases del plan para burlar democracia en Venezuela
El fallo del Tribunal Superior de Justicia venezolano que buscó revalidar el presunto triunfo de Nicolás Maduro en los comicios presidenciales del pasado 28 de julio, tuvo el efecto contrario: confirmar la dimensión del megafraude electoral perpetrado por la dictadura chavista para desconocer que el ganador de esa cita en las urnas fue el candidato de la oposición, Edmundo González, a quien ya varios gobiernos latinoamericanos han reconocido como mandatario electo.
A hoy está claro que dicho fraude tuvo varias etapas. La primera comprendió la inhabilitación de la candidatura de la líder opositora María Corina Machado, quien se sabía arrasaría a Maduro en todos los territorios; luego, el veto a la aspirante que la Mesa de Unidad Democrática señaló para su reemplazo; después, las restricciones sistemáticas para impedir que millones de venezolanos en el exilio pudieran votar; seguidas de una campaña de represión política y judicial contra los partidos y bases populares antichavistas, con miras a no permitirles hacer proselitismo, so pena de terminar presos o incluso desaparecidos…
Cuando toda esa trampa se evidenció inútil e insuficiente porque González, cuyo nombre surgió a última hora como candidato provisional, se posicionó en cuestión de semanas como líder de las encuestas, la satrapía decidió pasar a una segunda fase de su estrategia de fraude: falsear los resultados electorales. Para ello no solo se inventó un supuesto hackeo criminal al sistema electrónico que recibía la información de las actas de votación mesa por mesa en cada rincón del país, sino que, en una movida por demás burda y sin la más mínima credibilidad, instruyó al cooptado Consejo Nacional Electoral a declarar ganador a Maduro de manera sumaria y autoritaria, sin presentar la ruta de los escrutinios ni permitir una verificación imparcial e independiente de los mismos. Obviamente, la oposición, esta sí actas en mano, no solo puso al descubierto la acción tramposa del chavismo, sino que demostró que González había ganado con el 67% de los votos. La comunidad internacional, salvo muy contadas y vergonzosas excepciones, descalificó la proclamación del jefe del régimen y advirtió que no la reconocería mientras no se permitiera un recuento público y vigilado voto por voto.
Ya contra la pared, la dictadura decidió pasar a una tercera fase del plan de fraude. De un lado, lanzó por intermedio de la Fiscalía una andanada judicial contra Machado y González con miras a llevarlos a prisión rápidamente, al tiempo que empezó a capturar a líderes opositores en todo el país. De otro, ante el fracaso de la ‘jugadita’ del CNE, decidió remitir el proceso de escrutinios al no menos cuestionado Tribunal Superior de Justicia en busca de disfrazar, con un amañado matiz de legitimidad, el robo de las elecciones. En tercer lugar, desató una ola de represión violenta contra los ríos de gentes que se lanzaron a las calles a exigir el respeto a la voluntad popular, el triunfo opositor y la transición a la democracia. En menos de dos semanas, más de dos mil personas –en su mayoría jóvenes– han sido retenidas ilegalmente y llevadas a centros carcelarios en donde están aislados, sin derecho a defensa judicial e incluso siendo torturadas. Se habla de no menos de 25 muertes y decenas de desaparecidos, en medio de una ola de condenas de la comunidad internacional por la violación sistemática de derechos humanos e incluso la comisión de delitos de lesa humanidad, razón por la cual se está urgiendo a la Corte Penal Internacional dictar orden de captura a Maduro y la cúpula de la tiranía. Y, por último, se acudió a la desprestigiada Asamblea Nacional para proyectar iniciativas que prohíban la veeduría electoral internacional y criminalicen el accionar de organizaciones no gubernamentales (muy al estilo de Daniel Ortega en Nicaragua). Como medidas adicionales, se declaró la ‘guerra’ a las redes sociales electrónicas y se redobló la captura de periodistas… En síntesis, un régimen del terror en toda la extensión de la palabra, tanto en su modus operandi como en su propósito delincuencial: aferrarse al poder a como dé lugar.
Visto todo lo anterior, el fallo “inapelable” del cooptado Tribunal de Justicia que ‘confirmó’ el supuesto triunfo de Maduro, negándose también a publicar las actas de votación; la citación de la Fiscalía a Machado y González; y la amenaza del régimen de aplicar “mano dura” contra quienes no reconozcan ese dictamen son las consecuencias, a todas luces criminales y antidemocráticas, de la tercera fase del fraude chavista que, como se dijo, no se perpetró en las últimas tres semanas. Por el contrario, se ideó y arrancó a implementarse antes de la cita en las urnas, durante la misma y después de esta. Una tramoya tan evidente y a la vista de todo el sufrido pueblo venezolano, los millones en el exilio y bajo la condena cerrada de la comunidad internacional, que hasta a los propios aliados de la dictadura les ha resultado imposible convalidar una proclamación presidencial sin el más mínimo atisbo de credibilidad y transparencia.
Prueba de ello es que a los presidentes de Colombia, México y Brasil, que tienen empatía política con el chavismo, no les quedó más opción que morigerar su iniciativa de mediación, evitar reconocer a Maduro, exigir el recuento de votos e incluso –como lo hicieron Petro y Lula– plantear la opción de repetir los comicios, alternativa que recibió un no rotundo de González y Machado, así como de una gran cantidad de gobiernos. Es claro que proceder en esa dirección sería cohonestar abiertamente el innegable megafraude y burlar la voluntad popular de las mayorías venezolanas que votaron por el retorno a la democracia, el Estado de derecho, el respeto a los derechos humanos, la judicialización de la línea de mando chavista y la recuperación de la vocación de futuro y progreso de la otrora potencia petrolera.
Lo recalcamos: en Venezuela solo hay una opción: reconocer el triunfo de González y dar paso a la transición de la dictadura a la democracia.