La Asamblea Departamental de Antioquia aprobó hoy, 4 de diciembre de 2024, el Proyecto de Ordenanza Nro. 59, que establece un nuevo impuesto-tasa a través de la tarifa de energía, destinado a financiar medidas de seguridad en la región.
La decisión se tomó con una votación de 14 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones, a pesar de las críticas y preocupaciones expresadas por diversos sectores de la sociedad, incluyendo empresarios y ciudadanos. Este impuesto se aplicará a los estratos 4, 5 y 6, así como a establecimientos comerciales, con el objetivo de recaudar aproximadamente $1.2 billones entre 2025 y 2027.
El gobernador Andrés Julián Rendón defendió la medida argumentando que los fondos recaudados se destinarán a mejorar la seguridad en Antioquia. Según el mandatario departamental, la mitad del dinero se invertirá en la adquisición de cámaras de seguridad y en el fortalecimiento de las capacidades operativas de las fuerzas policiales y del Ejército.
Sin embargo, esta iniciativa no ha estado exenta de controversia. Organizaciones como el Comité Intergremial de Antioquia y Fenalco han manifestado su oposición, alegando que este nuevo impuesto representa una carga adicional para un sector empresarial ya golpeado por la crisis económica.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también expresó su desacuerdo con la ordenanza. En sus declaraciones, el mandatario de los medellinenses subrayó que aunque reconoce la necesidad de invertir en seguridad, no puede estar de acuerdo con un aumento en los costos de los servicios públicos para los ciudadanos.
“No puedo estar de acuerdo con que se quiera poner un tributo adicional a la tarifa de energía cuando ya la gente paga altas tarifas”, afirmó Gutiérrez. Además, enfatizó que desde Empresas Públicas de Medellín (EPM) no se realizará dicho cobro a ciudadanos y empresas, considerando que es inconveniente tocar una tarifa que ya es costosa