*De casos aislados, a realidad compleja
*Reglamentar para cualificar utilidad
Aunque pueda parecer un hecho menor e incluso anecdótico, lo cierto es que la orden anunciada ayer para que agentes y auxiliares de la Policía no usen teléfonos celulares y otros artefactos electrónicos que los distraigan cuando están prestando servicio de vigilancia en el sistema de Transmilenio en la capital del país, es una medida ejemplar que apunta a enfrentar una problemática creciente en muchos ámbitos nacionales. Es apenas evidente que los uniformados que custodian el sistema articulado de transporte masivo en Bogotá deben estar en máxima alerta para detectar desde ladrones y acosadores sexuales, hasta vendedores ambulantes o a quienes se cuelan o protagonizan riñas causadas por intolerancia.
De allí que la restricción ordenada por la Policía a sus subalternos es tan lógica como aquella que muchos profesores y directivas de escuelas, colegios y de instituciones de educación superior han generalizado para que los alumnos eviten en clase usar celulares y computadores para chatear por las redes sociales o navegar por internet en temas ajenos a los académicos. Aunque ello no debería generar ningún tipo de conflicto, lo cierto es que no son pocos los casos en donde los decomisos de los aparatos por parte de los profesores a los alumnos infractores han dado lugar a protestas del estudiantado, los padres de familia e incluso a quejas disciplinarias y pleitos contravencionales o penales. Y qué decir de los accidentes de tránsito que son causados por conductores o peatones distraídos por ir hablando por teléfono o chateando. Días atrás, por ejemplo, una víctima de atropellamiento se quejaba de por qué las autoridades permiten que algunos vehículos tengan pantallas de video en la parte delantera, pese a que éstas pueden desconcentrar a quien va al volante. Y qué decir frente a quienes son víctimas de robos y atracos, muchos de ellos con saldo fatal, debido a que utilizaban estos aparatos tecnológicos a la vista, en sitios públicos en donde son fácilmente identificados por los delincuentes.
Tampoco son pocos los pleitos laborales en los que el motivo de las contradicciones entre empleador y empleado ha sido el uso inadecuado de teléfonos y computadores en horas de trabajo, ya sean estos de las compañías o de los trabajadores. Las polémicas han ido tan lejos que existen empleados que consideran que las prohibiciones para navegar o chatear en sus propios equipos violan sus derechos a la comunicación y la privacidad de la misma. A ello deben sumarse los estudios que señalan el impacto negativo que en materia de productividad y servicio al cliente constituyen las protestas de los usuarios contra los trabajadores que utilizan estas tecnologías móviles de comunicación y acceso a la información para asuntos personales en horas laborables…
Visto lo anterior, en donde apenas si se mencionan algunos pocos casos entre una amplia variedad de situaciones que tienen la misma causa, es claro que no se está ante hechos de menor calado, ni mucho menos anecdóticos. Es más, ya en tiempos recientes se habían anunciado proyectos de ley para regular sobre la materia, pero dada la complejidad y amplitud del tema ninguno efectivamente se radicó. Es evidente que las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones llegaron para quedarse y día tras día el acceso a las mismas no sólo se multiplica sino que adiciona múltiples aplicaciones, utilidades y servicios. Prácticamente no hay actividad humana en la que no estén presentes, sobre todo en un país en donde los índices de cobertura digital y acceso a internet son de los más altos de la región, afortunadamente. Por lo mismo es urgente que desde la esfera de lo público se impulsen reglamentaciones marco sobre el uso de esas tecnologías, no para obstaculizarlo, sino para ordenarlo y cualificarlo, lo que evidentemente aumentará su utilidad. Hay muchas experiencias internacionales que pueden servir de base para proceder en Colombia, con los correspondientes ajustes a nuestras realidades. Los tratadistas del derecho suelen decir que, cuando una misma situación empieza a generar conflictos con mucha frecuencia, es precisamente cuando los controles deben aparecer para garantizar la convivencia colectiva. Este es uno de esos casos.