No es un año fácil para el sector del transporte vehicular. Por un lado, solo meses atrás terminó el esquema de reajuste sistemático y consecutivo en el precio de la gasolina, que se extendió por más de un año, con el fin de desmontar el subsidio estatal al valor final de dicho combustible. Por otro, ya el ministerio de Hacienda anunció esta semana que el precio del diésel será aumentado en $6.000 pesos, distribuyendo los reajustes en tres alzas de $2.000 por semestre. En uno y otro caso el móvil gubernamental es disminuir el déficit billonario en el Fondo de Estabilización de los Combustibles.

Esto implica, entonces, que la movilización en vehículos automotores, ya se trate de uso privado o de transporte público (individual, colectivo o de carga) se ha venido encareciendo y lo hará aún más, por lo menos, hasta finales de 2025, en el mejor de los casos.

El reajuste en la gasolina, que subió más de 60% en un lapso apenas superior a un año, tuvo un efecto en los gastos de los propietarios de vehículos, así como en la inflación. Igual ocurrirá con las alzas anunciadas para el diésel, cuyo coletazo el Gobierno calcula no iría más allá del 1,5% en el Índice de Precios al Consumidor, pero los camioneros advierten que será muy superior a ese porcentaje, al punto que anularía la rentabilidad de esta actividad económica.

A lo ya dicho, deben sumarse las pérdidas y afectaciones a la movilización por carretera derivadas del incremento de protestas que terminan en bloqueos y taponamientos viales en varias zonas del país, así como del aumento en la inseguridad (sobre todo hurtos de mercancías y vehículos) y actos de terrorismo perpetrados por facciones de delincuencia común y organizada.

Y como si todo lo anterior fuera poco, hay que añadir que en este 2024 se están aplicando tres alzas en las tarifas de los peajes, esto por cuenta de la controvertida decisión del Gobierno de congelarlas el año pasado. Así, en enero se incrementaron en 13,25%, a partir del 1 de agosto subieron en 4,64% y quedaría pendiente una más, posiblemente para diciembre, por un porcentaje similar a este último. Y eso sin saberse todavía si en enero se implementaría el reajuste correspondiente al 2025.

El congelamiento de las tarifas en 2023 fue un error, al decir de los expertos, gremios y analistas económicos. La propia Contraloría General señaló que esta decisión generó un desfase no menor a un billón de pesos.