En momentos en que el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Presidencia de la República adelantan los procesos para escoger al jurista o la jurista que postularán dentro de la terna para que el Senado elija en los próximos meses al titular de la Procuraduría General de la Nación, son varios los debates que persisten alrededor del rol de esta dependencia del Ministerio Público.

No hay que olvidar que el actual gobierno planteó en sus inicios la posibilidad de acabar con el ente de control fiscal y que pasara a ser una dependencia de la Fiscalía. De igual manera, no en pocas ocasiones desde la Presidencia de la República se ha criticado drástica e injustificadamente la gestión de la Procuraduría en varias de las principales investigaciones que se adelantan por escándalos de corrupción gubernamentales, fallas en la gestión y el efecto de las políticas y propuestas de esta administración en múltiples campos.

Sin embargo, el mayor cortocircuito entre la Casa de Nariño y la Procuraduría gira en torno a la postura oficialista de considerar que la jurisdicción disciplinaria no puede tomar medidas de fondo, como suspensión o destitución del cargo, contra funcionarios públicos de elección popular como congresistas, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles.

La Procuraduría, tanto su actual titular como sus antecesores, ha sido clara en que la facultad de separar del cargo a este tipo de funcionarios es una competencia constitucional y legal de larga data en la historia jurídica de nuestro país.

Aun así, por iniciativa del ente de control, se reformó tiempo atrás el Código Disciplinario con el fin de establecer mecanismos de doble instancia en las sanciones drásticas, de modo tal que los fallos disciplinarios necesitan revisión de la jurisdicción contenciosa- administrativa para quedar en firmes.

Frente a todo ello, es crucial lo advertido por la procuradora Margarita Cabello en torno a que al cierre del 2024 se prevé que se profieran 100.000 actuaciones de carácter disciplinario contra funcionarios públicos, causas iniciadas de oficio o en respuesta a las múltiples peticiones y denuncias de la ciudadanía, la prensa y las autoridades de los órganos de Gobierno.

Cabello defendió esa gestión señalando que son buenos los resultados, especialmente considerando las dificultades institucionales, en casos de trascendencia nacional y regional, que a la fecha registran un aumento del 22,23% respecto al 2023 y del 41,41% respecto a 2020.

Ese combate a la corrupción y en pos de la preservación del patrimonio oficial y el control a la gestión de la cosa pública sería imposible si la Procuraduría no tuviera sus actuales facultades y competencias.