Posturas de empresarios, sindicatos y Gobierno

Las realidades económicas y laborales

EN  pocos días será instalada la Comisión de Concertación Salarial que debe definir el porcentaje de aumento del sueldo básico que devengarán más de cuatro millones de colombianos en 2016. Como siempre ocurre en la antesala de esta negociación, posturas del Gobierno, los sindicatos y empresarios arrancan muy lejanas y a priori dan para entender que sería muy difícil este año alcanzar un acuerdo sobre el reajuste.

Es claro que la inflación marcará el centro del debate, toda vez que en lo corrido de 2015 el Índice de Precios al Consumidor -IPC- ha crecido sustancialmente, superando por más de punto y medio el techo máximo de crecimiento que había fijado el Banco de la República para este año. Las centrales obreras advierten que dada esa circunstancia el aumento del sueldo básico debería fijarse por no menos de un nueve por ciento en promedio, y traen a colación que según los datos del DANE la inflación anualizada -es decir, de octubre a octubre- se ubica ya en 5,89 por ciento, representando el incremento del costo de vida más alto en los últimos años. A ello suman temas estructurales como los cálculos sobre pérdida del valor adquisitivo salarial en la última década, e incluso asuntos coyunturales como el impacto de las alzas en las tarifas del agua y la energía eléctrica al cierre de este año y comienzos del próximo por efecto de la sobrecarga tarifaria derivada de la restricción al consumo como mecanismo para forzar el uso racional de estos servicios domiciliarios en momentos en que los efectos del fenómeno climático de El Niño se hacen más tangibles.   

A su turno, los voceros empresariales y de gremios de la producción han insistido en que la discusión sobre el aumento salarial para el próximo año no debe situarse única y exclusivamente en el tema inflacionario, sino también tener en cuenta otros elementos igualmente importantes como un índice de productividad que puede ser negativo en 2015, producto de una dinámica económica en plena desaceleración, como se ha comprobado en la evolución negativa del PIB en el primero y segundo semestres. Si bien es cierto que ese enfriamiento económico todavía no ha golpeado en forma notoria el volumen de empleo, es indudable que el mercado laboral sí se está enfrentando a un escenario en el que las empresas están congelando cada vez con mayor dimensión sus números de trabajadores y costos de nómina. Incluso el sector privado ha advertido ya que el efecto de la nueva carga tributaria que se empezó a aplicar este año tendrá necesariamente un coletazo sobre los balances de las compañías. En ese orden de ideas para los empleadores el reajuste de la remuneración básica mensual no debería estar muy por encima del promedio de inflación causada y proyectada. Aunque no han formalizado todavía propuesta alguna al respecto, se sabe que su planteamiento en la Mesa no iría más allá de un 6,5 por ciento como máximo.   

Por su parte los voceros gubernamentales si bien no han entrado en la puja de las hipótesis sobre porcentajes de aumento, sí han advertido que en la actual coyuntura inflacionaria un reajuste exagerado del salario mínimo, que impacta por ponderación al resto de la escala de sueldos, tendría un efecto aún más negativo sobre el costo de la canasta familiar, los servicios públicos y otro tipo de productos, bienes y servicios. De igual manera el Ejecutivo, el Banco de la República y los centros de análisis económico recalcan que  un aumento que no responda a la realidad económica del mercado, podría afectar en forma grave el proceso de formalización laboral, pues desestimula la contratación de personal con todas las prerrogativas de seguridad social que garanticen no solo el volumen sino la calidad del empleo, dando lugar a una mayor cantidad de personas en el llamado ‘rebusque’ o trabajo informal.

Visto todo lo anterior es evidente que en la definición del aumento salarial para el próximo año debe primar el equilibrio y la objetividad en las tres partes que sentarán en la Mesa de concertación. No puede convertirse la negociación en un memorial de agravios y pliego de peticiones cruzado. La ortodoxia económica pone de presente que los reajustes salariales que no corresponden a las realidades del mercado laboral y la economía, terminan siendo muy perjudiciales y profundizan las crisis estructurales y coyunturales del sistema productivo y el volumen de empleo. El equilibrio, entonces, debe ser la propuesta mínima de cada una de las partes si es que no se quiere caer en escenarios recesivos como los que tenemos en el vecindario regional.