* Múltiples reformas, recurrentes anomalías
* Una política gubernamental en contravía
Si hay un esquema de direccionamiento de recursos públicos en Colombia que todos los gobiernos en lo corrido de este siglo han ajustado es el Sistema Nacional de Regalías. En las administraciones Uribe, Santos, Duque y ahora en la de Petro se han aplicado sendas reformas, ya sean de orden constitucional, legal, reglamentario o administrativo, siempre en aras de evitar que estos recursos billonarios continúen siendo botín de redes de corrupción, politiquería y desgreño administrativo. Sin embargo, pese a esa multiplicidad de controles y supervigilancia, las anomalías no cesan.
Ayer el Departamento Nacional de Planeación reveló el último diagnóstico del sistema, advirtiendo que, a hoy, están en riesgo de perderse no menos de 12,1 billones de pesos comprometido en 2.094 proyectos financiados con recursos de las regalías, en gran parte porque los contratos se encuentran suspendidos o se venció su programación.
Este es el tercer campanazo sobre este aspecto en las últimas semanas. De hecho, a finales de julio, el Contralor General señaló que solo en el primer semestre de 2024 se revisaron 240 proyectos financiados con recursos de regalías por 3,5 billones de pesos, ejecutados por 139 entidades territoriales. Hubo 199 hallazgos con incidencia fiscal por más de 602 mil millones de pesos. En el mismo lapso se abrieron 43 procesos con Responsabilidad Fiscal en el nivel central por 330 mil millones de pesos y se profirieron 28 fallos por un monto de 134 mil millones de pesos.
A la par de ello, la Procuradora General destacaba al comienzo de este mes que, al menos, 858 mil millones de pesos en recursos del sistema podrían recuperarse gracias a la acción preventiva y disciplinaria de la entidad. Detalló que se profirieron 14 pliegos de cargos y cursaban 102 investigaciones y 31 indagaciones preliminares sobre 301 personas posiblemente implicadas en actos de corrupción.
Lo más grave de todo lo anterior es que esta es una crisis sobrediagnosticada pero no por ello asoma una solución definitiva pese a la cantidad de dineros oficiales en juego. Prueba de ello es que solo para el bienio 2023-2024 el presupuesto es superior a los 31 billones de pesos. Dichos montos son claves para financiar rubros prioritarios como salud, educación, desarrollo vial y otros sectores determinantes para combatir la pobreza y desigualdad. Recursos que urge cuidar, no solo porque pertenecen a todos los colombianos sino porque terminan siendo casi la única fuente para realizar inversión social real en medio de la crisis fiscal del gobierno nacional central así como de las gobernaciones y las alcaldías, en gran parte causada por la descolgada económica de los últimos dos años y la consecuente caída en recaudo tributario y otros ingresos a las arcas públicas.
Pero no solo debe reforzarse la vigilancia y control al Sistema Nacional de Regalías en todas sus instancias (presentación de proyectos, aprobación, asignación de recursos, ejecución y entrega satisfactoria), sino también proteger las fuentes de estos billonarios dineros.
En este campo, paradójicamente, el gobierno Petro pareciera ir en la dirección contraria, especialmente por su polémica política de transición energética. Si bien nadie niega que es necesario avanzar hacia el uso de energías limpias y sostenibles, es imperativo hacerlo de manera gradual y ordenada. Optar por un marchitamiento rápido y caprichoso de la exploración y explotación petrolera, gasífera y de carbón no tiene lógica. Primero, porque no hay parque suficiente de generación de energía solar, eólica, de hidrógeno y otras para solventar toda la demanda nacional y, segundo, porque no se sabe cómo suplir los billonarios presupuestos que ingresa la Nación provenientes de la industria de hidrocarburos, sobre todo por divisas, impuestos, transferencias de Ecopetrol y las regalías por concepto de compensación por la explotación de recursos naturales no renovables. Sólo en 2023 los aportes por este último rubro ascendieron a 18,5 billones de pesos.
Tres ejemplos concretos y recientes de esa equivocada política minero-energética: la caída de ganancias de Ecopetrol y el reversazo del negocio para adquirir activos de la sociedad CrownRock en Estados Unidos; la ahora obligatoria necesidad de importar gas para suplir la demanda interna (que no solo será más caro sino que deja atrás la autosuficiencia nacional en este combustible); y la suspensión de exportaciones de carbón a Israel, que acarreará pérdidas por más de 400 millones de dólares.
¿Qué hacer, entonces, para blindar los recursos de las regalías? Ayer Planeación Nacional planteó un menú de acciones, la mayoría de las cuales involucran a los entes de control y más ajustes al sistema de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD), corazón del sistema. La Contraloría y la Procuraduría hicieron lo propio semanas atrás… Sin embargo, en el fondo, en este tema, como en tantas otras crisis cíclicas y desgastantes en Colombia, los diagnósticos abundan pero las soluciones definitivas, eficaces y determinantes siguen sin aplicarse. Los gobiernos se cruzan acusaciones, los dineros siguen perdiéndose y la pobreza y exclusión perduran.