* Mayor prontitud de la Justicia
* ¿Qué pasó con la Dirección Nacional de Estupefacientes?
Ha dicho el presidente del Directorio Nacional Conservador, senador Efraín Cepeda, en declaraciones a El Tiempo, que busca los mecanismos estatutarios para que las sanciones a los militantes investigados sean más expeditivas y no deban esperarse las condenas judiciales. Cualquiera sea el caso, el hecho es que el Partido Conservador se define principalmente por la ética en el servicio público y cualquier violación de esa doctrina debe ser resarcida lo mas pronto posible.
Hoy, ciertamente, el país está lleno de investigaciones judiciales por todas partes. Investigaciones, a su vez, que comprometen a todos los Partidos, pero que seguramente por ser el Conservador la colectividad mas comprometida con las cláusulas de la moral pública como sustento fundamental de la acción política y estatal, se concentra la mira de la opinión pública en su reacción y quehacer respectivo.
Es axioma constitucional la pronta y debida justicia. En algunos casos el precepto ha sido salvaguardado, pero en otros se mantiene una especie de amorcillamiento lesivo. La Fiscalía General de la Nación tiene en sus manos múltiples indagaciones sin resolver. Si bien ha avanzado considerablemente en el tema de la parapolítica, inclusive en cuanto a los fraudes en los subsidios agrícolas, siguen vigentes otros asuntos de máxima envergadura como las anomalías en torno de la reelección presidencial inmediata, los intentos de un tercer mandato por vía de un referendo de trámite espurio, la adjudicación de Notarías y el caso de la Dirección Nacional de Estupefacientes, entre otros.
En algunos de ellos miembros del Partido Conservador han sido investigados y están pendientes de resoluciones por la Corte Suprema o la Fiscalía. Es indispensable, no sólo para los propios Partidos, sino para el país en general, que se actúe de modo más diligente y expedito al respecto, bien porque haya preclusiones o bien porque se tomen las decisiones correspondientes. Lo que no se puede, de un lado, es dejar que las investigaciones fenezcan por términos, y de otro dejar a la Nación sin saber qué ocurrió con ellas.
Es evidente, desde luego, que en todo caso debe preservarse el derecho al debido proceso. Pero también sorprende que en muchos casos, investigaciones ya terminadas, como las de la financiación del referendo para un tercer mandato, no hayan vuelto a producir resultados desde hace meses y que el cambio de fiscales y jueces favorezca una remoción permanente de los términos. El hecho, en todo caso, es que la Justicia no puede actuar exclusivamente por los escándalos y la tensión que ellos producen en la opinión pública, sino que debe operar permanente y obligatoriamente, sin dilaciones o estruendos extrínsecos.
Uno de los escándalos mas sonados, entre los tantos que han copado a los medios en los últimos años, es el de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Hay allí un número importante de parlamentarios de todos los Partidos, con cierta prevalencia conservadora, que a través de terceros habrían adquirido el manejo de los bienes de la mafia. De suyo es un procedimiento perverso por cuanto la actividad parlamentaria por excelencia es dedicarse a legislar y hacer control político, exento de cualquier facultad administrativa en el Ejecutivo.
Y mucho mas escandaloso es saber que se entregaban este tipo de canonjías a fin de asegurar respaldos para el gobierno de turno, tratándose además de bienes muebles e inmuebles con una procedencia nefasta.
Pero todo, como se dijo, no puede quedarse en titulares en los medios. No corresponde a estos, en absoluto, impartir justicia, sino que hechas las revelaciones es a la Rama Judicial a la que toca confirmar o improbar las sospechas y las pruebas. De este modo, la Dirección del Partido Conservador debería pedir a la Justicia su pronta y debida actuación, porque el desgaste es insoslayable. De una vez por todas es necesario saber quienes estaban o no comprometidos en ilicitudes y cuales son las sanciones pertinentes.
La ética, por su parte, no es sólo un asunto legal. Por el contrario, trasciende la ley y es un objeto fundamental del bien común, por encima de normativas. En tal sentido, la voz del senador Cepeda fortaleciendo los Estatutos conservadores en su cobertura ética, es auspiciosa. Lo que interesa, en todo esto, es pasar del dicho al hecho.