*Una reforma de fondo
*Devolver la majestad a los magistrados
Entre las mayores ilusiones que surgieron a partir de la entrada en vigencia de la Carta de 1991, que surgió al anular la Constitución de 1886, que les parecía anticuada a los políticos del momento, ignorantes de que una de las virtudes de algunas de las constituciones como la de los Estados Unidos, es precisamente la de haber sobrevivido desde su promulgación en 1787, con apenas unas pocas enmiendas. Lo que prueba sus bondades y eficacia para sostener la democracia. La Constitución de 1886 ha sido considerada por juristas del país y del exterior como una obra magna, que, como ocurre con otras cartas políticas, debía ser armonizada con los tiempos y las necesidades del Estado y la sociedad. Por los acuerdos políticos y la negociación de paz con el M-19 se resolvió ir a una Asamblea Constituyente, que rompió el espinazo de la de 1886, así sobrevivieran algunos artículos de la misma por los esfuerzos de los conservadores y de unos cuantos liberales de orden, en especial en lo que se refiere al Poder Judicial. El problema de lo que se conoce como la majestad que se da por la prestancia de un alto tribunal y las calidades de sus miembros, de entrada quedó herido de muerte puesto que no es lo mismo nombrar una docena de magistrados para llenar la nómina, que tener varios tribunales con cientos de magistrados, entre principales y auxiliares.
En los Estados Unidos la Corte Suprema se ocupa de impartir justicia y cerrar los pleitos judiciales en un país gigantesco y con más de 300 millones de habitantes. En tanto aquí las funciones se han repartido en varias cortes que se pisan los talones en sus fueros y que por la vía de la tutela se ven envueltas en antagonismos y contradicciones que afectan el buen desempeño de los jueces. Se reconoce que la Carta de 1991 trajo enormes beneficios e instituciones que han sido decisivas para fortalecer el Estado y la justicia, como es el caso de la Fiscalía y otros entes estatales. Si bien el sistema acusatorio que se implantó después riñe en gran medida con el carácter y la tradición jurídica nativa.
El gobierno de Juan Manuel Santos y el Congreso avanzaron en una reforma judicial que, finalmente, naufragó en cuanto se planteó que algunos legisladores habían intervenido en el proyecto para defender sus intereses propios. Esa situación escandalosa lo llevó a retirar su apoyo al proyecto y se hundió dicha reforma. El ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, en nombre del Gobierno, propone una reforma de fondo a la justicia. Considera el ministro de Justicia que: “No solo se necesita una reforma legal, sino también pedagógica. La reforma a la Justicia tiene que pasar más por nuestro ser, por nuestra mentalidad, también tiene que pasar por la formación de los abogados. Sí necesitamos una reforma, pero no el tipo de reformas que se pretende repetir y muchísimo menos volver a reformas que han sido mil veces ensayadas y mil veces fracasadas". Esto quiere decir que no se debe ocupar la reforma en exclusiva de lo jurídico, sino que es fundamental atender la condición humana, la formación de los abogados y de los funcionarios públicos. La crisis de la justicia y la venalidad, no solamente obedecen al sistema, tienen que ver en lo fundamental con la calidad humana de quienes imparten justicia. Y en ese aspecto es clave la formación que se recibe en el hogar, en la Universidad. El problema no es exclusivo de los hombres, se deben exigir no solamente conocimientos teóricos y cierta experiencia a los jueces; es fundamental que tengan un carácter probado, por lo que se debe reclamar de éstos más tiempo en el ejercicio de la profesión o de la cátedra, en el sentido de que cuando lleguen a magistrados cierren sus carreras con honor.
El deplorable espectáculo de ver a unos magistrados contra otros por cuestiones de politiquería y vanidad, de intereses creados y por pertenecer a ciertos círculos de litigantes, no se corresponde con la respetabilidad que debe adornar la carrera de esos doctos funcionarios públicos. No es posible que en Colombia se hayan quedado sin juez los magistrados desde que la Corte Constitucional le quitó esa atribución al Consejo de la Judicatura; que Álvaro Gómez había inspirado, precisamente, para que se ocuparan de los jueces venales y se restableciera el buen nombre de los altos tribunales. Por desgracia a partir del magnicidio del jefe político conservador que denunciaba el Régimen, el Partido Conservador perdió su ímpetu y no ha podido enfilar sus baterías para ser el gran motor del cambio en la justicia, como reclama la gran mayoría de colombianos. Es preciso recobrar la iniciativa política y apoyar los cambios positivos que reclama la Nación.