Hasta las últimas consecuencias deben llegar las investigaciones que están adelantando las autoridades para identificar y judicializar a los responsables del fraude que se habría cometido para apropiarse de una cifra que oscila entre cinco mil y veinte mil millones de pesos, o incluso más, pertenecientes al subsidio que da el Gobierno a los productores de café.
Las anomalías con las ayudas oficiales a este sector en crisis ya se habían advertido en el primer semestre, cuando el entonces ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, denunció que había indicios de fraude en las reclamaciones de los subsidios. Precisó, en su momento, que entre el millón 200 mil facturas entregadas para reclamar subsidios, en 10 mil de ellas se habían detectado irregularidades. La ayuda, recalcó, “es para los cafeteros y no para los avivatos”.
Las respectivas denuncias fueron interpuestas ante la Fiscalía y se pidió la colaboración de la institucionalidad de la Federación Nacional de Cafeteros para establecer en cuáles casos empresas de fachada, falsas cooperativas e incluso tostadoras y trilladoras estaban tratando de hacerse a un subsidio que estaba destinado para el productor de base.
Es más, también se escucharon denuncias en las regiones en torno de que empresas que tenían grandes inventarios del grano habrían patrocinado el paro de los cafeteros con el fin de presionar la creación del sistema de Protección al Ingreso Cafetero (PIC) -que estableció un subsidio extraordinario por carga-, haciéndose de esa manera a millonarios ingresos adicionales por los cargamentos que tenían en bodega.
Con el pasar de las semanas, aumentaron las quejas de los pequeños productores de café, denunciando no sólo que había un trámite muy engorroso para recibir el respectivo incentivo monetario, sino que el grueso de los subsidios se estaba quedando en los intermediarios y empresas que no tenían nada que ver con el sector. Incluso empezaron a escucharse versiones sobre una especie de ‘tráfico’ con las cédulas cafeteras y el surgimiento de cooperativas que presentaban un volumen alto de facturas para reclamar el PIC, sin que estuviera claro si esas operaciones tenían soporte real. Es más, hasta se habló de amenazas y presiones a los pequeños cultivadores.
Ya la Fiscalía tiene en la mira a varias comercializadoras y cooperativas, y sus respectivos representantes legales han sido llamados a interrogatorio. Por igual, se está rastreando toda la cadena productiva con el fin de constatar en qué bodegas, trilladoras y tostadoras se hicieron las transacciones que hoy están bajo investigación.
Dada la complejidad de la tarea y el millonario monto involucrado sería bueno que la Fiscalía confeccionara un grupo especial de investigación para identificar a los responsables del posible fraude e imputarles, de entrada, conductas como concierto para delinquir, falsedad y peculado por apropiación.
Hay que establecer una sanción drástica y ejemplarizante a quienes, al igual que pasó con ayudas como las del Sisben o el régimen subsidiado de salud, impiden que los aportes, subsidios e incentivos del Gobierno lleguen a personas de bajos recursos o sectores en crisis. No puede ser que un Estado que afronta precariedades presupuestales haga un esfuerzo para auxiliar a los más vulnerables, pero los avivatos, redes delincuenciales e intrincadas cadenas de intermediarios se apoderen de esas ayudas.