Del “Quinto Informe de Seguimiento a la implementación del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, presentado esta semana por la Defensoría del Pueblo, se pueden extraer varias conclusiones, lamentablemente la mayoría tan recurrentes como negativas.

En primer lugar, no resulta ninguna novedad la advertencia de la entidad del Ministerio Público en torno a que la implementación del pacto suscrito en 2016 con la entonces guerrilla de las Farc continúa siendo muy lenta.

Resulta claro, igualmente, que los informes sobre cómo va el nivel del cumplimiento del acuerdo coinciden en que el capítulo de tierras es el más colgado. De hecho, en este nuevo reporte de la Defensoría se advierte que subsiste la falta de claridad en las cifras, lo que se evidencia en que hay “enorme disparidad” en la información que se entrega al respecto. Asimismo, tampoco se está avanzando en la caracterización de los predios para facilitar su adjudicación. Prueba de ello es que, de 21.132 terrenos ingresados al programa, solamente el 37,84% ha sido adjudicado.

Uno de los asuntos que más llama la atención en este corte de cuentas tiene que ver con lo que ha pasado con el anuncio que a comienzos de este Gobierno se hiciera en torno a que se comprarían no menos de 500.000 hectáreas de ganaderos para repartirlas entre campesinos que no eran propietarios. Esto en el marco del mandato del pacto para adquirir tres millones de hectáreas para proceder a una democratización de la propiedad rural.

Ya se sabía que este objetivo ha tenido muchos inconvenientes a lo largo de su puesta en marcha, pero las cifras de la Defensoría impactan: de más de 1.500 predios ofertados por la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), tan solo han sido adquiridos 26.

En este mismo capítulo de tierras otro de los flancos débiles es el referido a que la “ruta étnica” en materia de restitución de predios no presenta mayores avances. De nuevo, las cifras hablan por sí solas: en materia de procesos individuales se advierte que 2.730 solicitudes inscritas en diferentes vigencias aún no cuentan con demanda. A ello se suma que hay más de 16.995 solicitudes pendientes de microfocalización.

La Defensoría, tal como lo hizo la Procuraduría días atrás, también prendió las alarmas sobre graves retrasos en el Catastro Multipropósito. Señala que al primero de enero del 2024 fue reportado el 12,4% del área geográfica del país con información actualizada. Así las cosas, en términos reales, el avance durante la vigencia 2022-2024 es de tan solo el 3%.