* El falso cese de fuegos
* Gobierno pierde credibilidad
Muchas veces, en el tema de la paz, por hacer más se hace lo menos. Por eso, discutir y acordar las bases del cese de fuegos y de hostilidades es fundamental a fin de evitar improvisaciones, afanes y malentendidos que a la larga resultan costosos y por supuesto contrarios al objetivo que se pretende, además convirtiéndose en un lesivo y confuso baúl de anzuelos.
En principio, se entiende por el cese de fuegos y hostilidades el compromiso entre dos partes en una contienda armada, fruto del llamado conflicto interno, para suspender y llevar a término las acciones violentas de carácter ofensivo con miras a la desmovilización final de las tropas rebeldes. El concepto, por lo tanto, solo cobija a los grupos armados que se encuentran en una confrontación bélica abierta, nacional o del exterior, sujeta a los cánones del Derecho Internacional Humanitario (DIH) en cuyo acervo jurídico se contemplan los armisticios.
De esta manera no se puede hablar internamente, y acorde con los protocolos derivados de los Convenios de Ginebra y que hacen parte de la Constitución colombiana, de cese de fuegos con ejércitos irregulares que no están inscritos en el delito político, sino que atacan violentamente a la población civil y al Estado con fines de proteger y ampliar sus operaciones ilícitas como la minería criminal, el narcotráfico o el contrabando a gran escala (que son su razón de ser). No hay allí, por supuesto, ninguna intención revolucionaria o política que implique modificaciones a la estructura del Estado, ni nada por el estilo.
En Colombia, para este tipo de organizaciones delincuenciales existe la figura del sometimiento de la justicia, sujeta a la legislación debida y convalidada por las autoridades competentes, y sobre la cual puede procederse de inmediato sin que de por medio existan treguas durante las cuales, al mismo tiempo, se dé vía libre a sus actividades ilegales producto de suspender las acciones del Estado. De tal manera, una cosa es un proceso de paz, como el que hoy se adelanta con el grupo rebelde del Eln, y otra un proceso de pacificación, como la que el gobierno Petro pretende con los demás grupos violentos, cuyo fundamento, como se dijo, no es superar el llamado conflicto interno, sino el predominio y expansión de sus actividades lucrativas al margen de la ley y la amenaza permanente sobre la población civil.
En estricto sentido, pues, el cese de fuegos que se ha anunciado por parte del gobierno, y que supuestamente estaba acordado de antemano con varias organizaciones violentas, tiene diferentes características. En el caso del Eln, como era de presuponerse, debía mediar un acuerdo, debidamente discutido y firmado, con sus diferentes acápites y cronogramas, en vez de una propuesta genérica promulgada unilateralmente por el gobierno como si hubiera sido convenida con los rebeldes. Semejante conducta parecería más bien indicativa de que se está utilizando al Eln para hacer de mampara a otras intenciones del gobierno con grupos al margen de la ley.
De hecho, el propio negociador gubernamental con el Eln, Otty Patiño, había dicho al final del primer ciclo de conversaciones con esta organización subversiva, hace un par de semanas, que sobre el cese de fuegos y hostilidades nada se había discutido. Fue lo mismo que ayer sostuvo el Eln en un comunicado, cuando negó cualquier compromiso al respecto de cese de fuegos y dijo, como es tradicional, que cualquier decisión atinente a la paz con ellos debe ser acordada en la Mesa. La rectificación al presidente Petro, quien ni siquiera consultó a su jefe negociador, fue total.
Desde luego, el decreto gubernamental podrá servir de base hacia el futuro, cuando se introduzca tan sensible tema en las negociaciones. Y, ciertamente, ojalá el Eln asuma esa propuesta estatal de suspender las acciones ofensivas del mismo modo, puesto que es válido iniciar las conversaciones con una tregua simultánea, por corto tiempo, para luego entrar en los demás aspectos de verificación y concentración sustanciales a este tipo de procedimientos.
En todo caso, la conducta gubernamental de informar a la opinión pública circunstancias que no se han acordado resulta estrafalaria y nociva para la buena marcha de cualquier proceso de paz. Con ello no solo se pierde credibilidad, sino que se despiertan todo tipo de sospechas.