En cualquier país donde el acatamiento a las normas establecidas y a la autoridad entra en declive, lo primero que se afecta es la convivencia. Las disposiciones que rigen los Estados, independientemente del sistema sea éste el democrático de la libre empresa, el de tendencia socializante o aun el monárquico constitucional, son la base de todo el andamiaje que soporta el edificio institucional. Si éstas se tornan en letra muerta la primera que recibe el impacto es la vida en comunidad.
En los diferentes países o sociedades se crean los instrumentos que hacen posible que el Estado funcione y pueda ofrecer a sus habitantes las condiciones para trabajar, educarse, servir a sus compatriotas y realizar sus aspiraciones. Es lo que han logrado naciones donde las cosas funcionan casi con la precisión de un reloj. Desde luego pueden ocurrir fallas, como en toda obra humana, no obstante el nivel de cultura que han alcanzado sus ciudadanos permite un discurrir tranquilo, sin mayores sobresaltos debido a que allí hay conciencia del límite entre los derechos personales que no pueden causar molestias o perjuicio a los de los demás. Y, claro, en esas latitudes, la autoridad los representa a todos y se ubica en el lugar que le corresponde como la que en verdad vela por vidas y bienes. Y la comunidad intuye por convicción que debe ceñirse a los cánones establecidos. Sabe que aun en los actos simples siempre debe brillar la honestidad. Estas sencillas reglas parecieran importar muy poco en países como Colombia, donde la inclinación al atajo, al irrespeto hacia los demás, incluso a la autoridad, es de común ocurrencia. No ha habido formación para convivir. Ejércitos armados al margen de la ley han impuesto la violencia durante decenios. Y no solo estas agrupaciones son generadoras de agresividad. En la vida diaria, por cuestiones baladíes se presentan enfrentamientos aun entre amigos que en muchos casos terminan de manera fatal.
En cuestiones como las referentes a tributación, muchos utilizan tretas para evadirla. Otros se apropian de miles de millones en contratos tramposos. En lo pequeño miles de personas se ‘cuelan’ en sistemas masivos de transporte, en ciudades como Bogotá, Barranquilla, Cali, además atacan a auxiliares de policía que tratan de impedir que entren a las estaciones sin pagar. Varios han sufrido graves lesiones. En todas estas acciones se refleja pérdida de respeto a la autoridad y si no lo hay hacia ésta, ¿qué espera la gente inerme frente a tanto desadaptado? Es algo para pensar en serio.