*Dictadorzuelos locales
*Desafío de la revocatoria
Gran parte de los males que aquejan a Colombia está ligada a la inoperancia estatal, tanto en el gobierno central, como en los demás poderes, y en lo regional y municipal. Los asuntos de alta política se ven reducidos a la camisa de fuerza que imponen la multiplicidad de entes, no tanto al exagerado centralismo, como adujo un exministro de Hacienda en recientes declaraciones. Le basta con indagar cuánto dinero aportó Bogotá para el Metro de Medellín, sabrá que el mismo no existiría sin los aportes de la Nación. Y la filosofía del Plan Nacional de Desarrollo que Álvaro Gómez y valiosos constituyentes de distintos partidos lograron plasmar en la Carta de 1991, tiene como objetivo favorecer las regiones de la periferia, lo que infortunadamente no se ha dado en la práctica, por falta de un verdadero plan de conjunto que supere la trampa de enumerar los gastos del Estado y considerarlos como un plan de desarrollo, sin plan. Lo cierto es que en Colombia nos rige una Constitución centro-federal, con sus virtudes y defectos. En el campo jurídico-administrativo, al tener cinco Cortes en algunos casos con conflictos de competencia, agravados por los recursos de la tutela, impera la inseguridad jurídica.
En Colombia se eligen popularmente gobernadores y alcaldes. Hasta el momento no se ha demostrado universalmente que la elección lleve a los mejores al poder. Álvaro Gómez tuvo la iniciativa de proponer en un Acto Legislativo la elección popular de alcaldes como un recurso para recuperar la democracia citadina y comprometer a la población con la escogencia de sus representantes a los concejos y la elección del gobernante local. Y tenía la razón. Él no intervino en favor de la elección de gobernadores, que en algunos casos y en determinadas regiones ha tenido resultados vergonzosos y nefastos, de llevar a los peores elementos y representantes de las mafias al poder. En el caso de los alcaldes, en Bogotá se eligió como el primero en el siglo XX a Andrés Pastrana, que lo hizo con tan buenos resultados que la gente de distintos partidos lo apoyó para que ejerciera la Primera Magistratura. Algo similar ocurrió en otras ciudades.
La elección popular de alcaldes funcionó en la medida que contribuyó a liquidar el viejo clientelismo que se había apoderado de los concejos y propiciado la corrupción en las entidades locales. En tiempos en los cuales algunos concejales montaban sus propias mini-empresas electorales para delinquir y propiciar el asalto a las tierras municipales y particulares que invadían para ilegalmente urbanizarlas, algunos de esos urbanizadores piratas solían poner la mayor votación liberal en Bogotá. Otros electoreros se limitaban a copar los entes municipales con sus partidarios y agentes, lo que degradó y desquició esos entes. La ventaja que tenía la facultad de remoción de los alcaldes del sistema anterior es que cuando se daban escándalos de bulto se podía proceder a pedirle la renuncia o destituirlo, quizá no siempre con razón, pero en la mayoría de los casos por la presión ciudadana o política.
Es de reconocer que la elección popular de alcaldes propició un favorable cambio de la opinión pública frente a las administraciones municipales, así como facilitó temporalmente el concurso de los mejores en competencia por obtener el apoyo masivo para manejar los destinos de las urbes. Lo que se constituyó en una de las mayores transformaciones en nuestras costumbres políticas.
Es evidente que a pesar de los avances de la elección de los alcaldes y los esfuerzos por modernizar la administración pública municipal, los cargos más relevantes los ocupen sus agentes para cumplir compromisos electorales. Y estos pueden ser buenos o malos, regulares o capaces, según sea la voluntad del alcalde o el gobernador, como de los que lo apoyaron con fondos multimillonarios para financiar la campaña. Allí asoman las orejas de los contratistas, que, cuando sus pupilos salen elegidos, reclaman su parte en el manejo de la contratación pública.
En ocasiones la comunidad citadina reacciona y se dan casos en los cuales las maquinarias políticas de los alcaldes corruptos son derrotadas por movimientos cívico-partidistas. Lo que permite que sean elegidos alcaldes de la capacidad ejecutiva de Rodrigo Guerrero, en Cali, cuya creatividad y eficiencia suscitan la admiración nacional. Lo que indica que la elección popular de alcaldes cuando la comunidad se organiza y escoge el mejor es positiva; lo que gangrena el sistema es que los malos alcaldes se convierten en dictadorzuelos que con sus medidas inconsultas y arbitrarias arruinan las ciudades, sin que puedan ser revocados. En tanto la revocatoria en nivel nacional sea inaplicable seguiremos avanzando a una Nueva Edad Media de degradación de la democracia y de las urbes por cuenta de déspotas sin escrúpulos.