* La principal falencia de la justicia transicional
* Nunca acabó conflicto y aumenta la violencia
El problema en torno de las instituciones judiciales organizadas para la paz, en Colombia, es que el llamado conflicto armado interno no terminó cuando se crearon ni mucho menos después. De tal modo, el punto, desde una óptica jurídica, no radica en si hay una amnistía general hacia atrás, como se acaba de proponer, o si se mantienen los instrumentos de la justicia transicional, sino que en cualquier caso todo esfuerzo, en este sentido, termina siendo completamente parcial y al mismo tiempo distorsionante de la institucionalidad colombiana frente a las estruendosas realidades de orden público que hoy se viven.
En principio, como se sabe, se suponía que las conversaciones con la subversión durante la administración anterior producirían una paz integral, es decir, no solo con las Farc, sino también con el Eln. Pero esta última agrupación, no solo se marginó del diálogo, sino que ha tenido un desdoblamiento exponencial en su accionar terrorista. De hecho, ha logrado una preponderancia inusitada en zonas como la del Catatumbo, en un lugar que precisamente se ha convertido en un reto geopolítico por su cercanía con Venezuela. Y donde se han producido dramáticos episodios, aun sin develar por completo, incluido nada menos que un atentado presidencial. De suerte que el Eln, no solo descartó la institucionalidad creada para hacer la paz, sino que duplicó sus retos contra el estado de derecho. Como, asimismo, lo dejó en claro hace tiempo, incluso desde el vil atentado a la Escuela General Santander, en Bogotá, con saldo de más de una veintena de estudiantes asesinados. Además, también siendo partícipe activo, según las autoridades, de la anarquía suscitada a raíz de los paros recientes y aprovechando la tragedia de la pandemia en sus propósitos desestabilizadores.
Pero, de otra parte, puede ser aún más diciente, al respecto, lo ocurrido con las Farc. En efecto, el país solo vino a enterarse de su honda división después de creadas las instituciones judiciales para la paz, aunque seguramente ya se conocía este hecho divisivo al interior de las crípticas conversaciones de La Habana. En todo caso, pese a que el país pensaba que un esfuerzo judicial de esa dimensión sería al menos para la totalidad de esa organización subversiva, no hubo tal, porque una parte considerable se declaró en disidencia de los acuerdos, siguieron de largo en sus viejos objetivos subversivos y hoy son un nuevo reto consolidado en la extensa fauna del terrorismo en la historia del país. Y a ello se suma, de otro lado, que más tarde los mismos negociadores principales de los acuerdos, antes de acogerse a la jurisdicción especial creada por ellos, volvieron a la clandestinidad y dejaron a las instituciones de la paz huérfanas de sus principales protagonistas.
Por lo demás, en el lapso de todo lo anterior, la comercialización de cocaína sobrepasó, como nunca, los registros de las mil toneladas métricas de contrabando al tiempo que se dio un auge inusitado de cultivos ilícitos que aun se mantiene en cifras colosales, en no pocos casos en conexión con miembros de las organizaciones antedichas.
Así las cosas, unas instituciones que fueron diseñadas para la paz integral terminaron siendo, hasta hoy, solo para una porción de los agentes subversivos mientras que, por el contrario, la violencia arrecia en todas partes del país. Semejante galimatías ha llevado a una especie de distorsión de la realidad, puesto que mientras, por un lado, operan (no sin incredulidad) las instituciones que supuestamente servían para llegar a la paz y sancionar los desmanes del conflicto, por el otro lo único que el país registra es más y más actos violentos. Para solo citar tres dolorosos ejemplos: durante el primer semestre de este año se registraron 102 eventos de desplazamiento masivo y forzado de población, con 45 mil afectados, más que en todo el año pasado; entre enero y julio de 2021 hubo 8.138 homicidios, 1.500 más que en igual periodo de 2020; y con corte a esta semana se han registrado 66 masacres con 247 víctimas en lo corrido del año…
Bajo esta perspectiva operan unas instituciones de justicia transicional cuya legitimidad no solo está en entredicho por cuenta del fallido plebiscito, sino que, además, buscan tramitar un marco jurídico de posconflicto, en donde no existe tal sino una violencia abierta e incremental.