Individualismo y bien común
Se alborota el cotarro
El tema de la reforma del Estado que plantea el Gobierno por su urgencia, alcances y complejidad, al decir de algunos expertos y respetables constitucionalistas, de no tener el mayor cuidado en el Congreso, podría romper varias vértebras del sistema. No es fácil hacer la cirugía constitucional y mantener la unidad de la Carta de 1991, más cuando ha sufrido varias contrarreformas en el Congreso y por cuenta de la magistratura que suele legislar de manera casuística y a su arbitrio, so pretexto de “desarrollar la Constitución”, aun contradiciendo en ocasiones disposiciones de la misma. John Locke fue quien se ocupó en establecer límites a ambos poderes, al real y al Parlamento, para mejorar el funcionamiento del Estado, puesto que consideraba que la razón del establecimiento del gobierno para regir la sociedad obedece a las insuficiencias del estado de naturaleza, que requiere de normas precisas que se hagan cumplir por cuenta de funcionarios capaces e imparciales, con el fin de evitar los abusos, como para favorecer la eficacia del Estado recomienda avanzar a la división de poderes, fijándoles sus respectivas responsabilidades. El barón de Montesquieu, quien admiró y estudió las instituciones inglesas, ahonda en el asunto y se convierte en gran promotor de la división de poderes para preservar la democracia y el imperio de la ley.
El Congreso es el baluarte de la representación popular, aun con los defectos que pueda tener, prestigio y desprestigio de sus miembros o vicios aberrantes del sistema de elección, como es el caso de la circunscripción nacional, que ha dejado a más de una docena de departamentos sin representantes en el Senado. A lo largo de la vigencia del sistema democrático se han ensayado diversas fórmulas para elegir a los representantes y senadores, siendo la más desastrosa por sus efectos la del senador nacional por encarecer la política y de manera indirecta estimular la corrupción. No pocos de los legisladores que resultan elegidos por esa vía, hipotecan su actividad a quienes les financian la elección. La reforma que busca fortalecer el equilibrio de poderes, se observa que el Congreso podría quedar enjuto y débil, frágil presa de la voluntad del Poder Ejecutivo. El señuelo de nombrar ministros a los representantes del pueblo y de seguro, embajadores y otras canonjías, termina por hacer más dependiente la institución, que parece ser lo contrario de lo que busca la iniciativa. La cual debe pasar por los diversos trámites establecidos para reformar la Constitución, por lo que en ese lapso sufrirá diversos cambios. Eso significa, por el momento, que lo que se hace son hipótesis y sugerencias o críticas sobre el asunto. Puesto que en el caso concreto de la no reelección del Presidente, el mismo 20 de julio el senador Carlos Eduardo Enríquez Maya, se anticipó y presentó un proyecto de Ley para abolirla, que deberá ser votado por el Congreso.
Interrogado por El Nuevo Siglo el jurista, exconstituyente y exministro Juan Carlos Esguerra, que no está en la lid electoral, sobre los alcances de la reforma del Congreso, observa el asunto con plena independencia y aclara que la iniciativa le parece: “negativa e inconveniente, y una expresión de que se nos olvida la historia. La idea de abrir la puerta para que los congresistas puedan volver a ser nombrados ministros. Esto es alborotar el cotarro de la política y darle muy fuerte a la separación de poderes”. Lo mismo que predica la abolición del Consejo Superior de la Judicatura y no el maquillaje de la institución. En cuanto a la Procuraduría no entra al análisis del tema de fondo, puesto que le cercenan sus poderes y queda a la sombra del Ejecutivo, se limita a rememorar su postura en la Constituyente de entregarles el asunto de nominar al Procurador a las altas cortes que suponía imparciales y “que creíamos que era la mejor idea imaginable” pero derivaron en la actual politiquería.
Lo cierto es que toda reforma del Estado corre el riego de intentar favorecer los intereses de los gestores de la misma y sus mayorías, por lo que para cambios tan profundos que pueden afectar el sistema se suele apelar al constituyente primario. Fuera de eso es del caso recordar que el Estado debe mantener su unidad, resulta muy complejo conciliar el individualismo predominante con la noción del bien común que ha defendido a lo largo de la historia lo conservador. Descalabrar la unidad del Estado sería fatal en tiempos en los cuales se negocia un acuerdo de paz. Tiene de positivo la reforma que obliga a repensar el Estado, por lo mismo a que se esclarezcan el pensamiento y el compromiso de los partidos políticos y sus jerarcas, pues no se trata de meros tecnicismos de hermenéutica política, sino de temas que exigen una definición política.