El sensible tema del aumento salarial para el próximo año está por arrancar. En noviembre comenzará a sesionar la “Comisión permanente de concertación de políticas salariales y laborales”. Hoy más que nunca se requiere que dicha instancia aborde este debate de forma integral. Es decir, que se analice de forma amplia y concertada la realidad del mercado laboral y la coyuntura por la que atraviesa el país.
El primer elemento a sopesar es la evolución del índice inflacionario, eje principal y determinante del reajuste. A hoy el costo de vida se ubica en 4,58% entre enero y septiembre, una disminución sustancial frente a igual lapso de 2023, cuando el índice fue de 8,01%. En ese orden de ideas, los pronósticos alrededor del último trimestre prevén que 2024 cierre con un guarismo alrededor del 5,5% o 5,7%, como máximo. Incluso, de mantenerse esa tendencia, en 2025 Colombia estaría cerca de volver al rango-meta del Emisor que está entre un mínimo de 2 a un máximo de 4%.
De ser así se estaría avanzando de forma muy importante en el combate a la carestía, producto en gran parte de la efectividad de las políticas del Banco de la República. No hay que olvidar que el año pasado la inflación fue de 9,28%, un dato alto, pero aun así positivo frente al pico máximo registrado en 2022, cuando se alcanzó un alarmante 13,12%.
En ese sentido, lo más procedente y realista es que el alza del salario mínimo para 2025 esté a tono con las realidades del momento, puesto que las presiones inflacionarias son, por una parte, diferentes a las de años previos y, por otra, es fundamental continuar la efectiva estrategia del Emisor que, sin cantar aún victoria, está claramente alinderada con sus atribuciones y preceptos constitucionales. Para nadie es secreto que la inflación es, a fin de cuentas, lo que suele llamarse el peor de los impuestos. Se trata de una afectación directa y lesiva al poder adquisitivo de los colombianos, en particular, los de menores ingresos.
A ello debe agregarse que el costo del dinero también ha venido entrando en cintura. Prueba de esto es que mientras en abril del año pasado la tasa de interés de referencia del Banco de la República estaba en el pico del 13,25% (el más alto del último quinquenio), ya hoy se ubica en un 10,25% y se espera que se siga estimulando la curva descendente. Ese alivio se ha reflejado, a su turno, en una progresiva disminución de las tasas que cobran las entidades financieras a sus clientes, permitiendo un lento, pero progresivo despegue del consumo de los hogares y del comercio. De hecho, el acuerdo de los organismos bancarios privados con el gobierno Petro, que busca ampliar la oferta crediticia con menores costos y destinación popular específica, ya está en marcha.
El otro elemento en la fórmula del aumento de la remuneración básica es el rubro de productividad que, más allá de las complejidades técnicas o de la nueva metodología que se comenzó a aplicar por el DANE desde el año pasado, combina factores como rendimiento del trabajo, capital, recursos y rentabilidad.
El año pasado el índice de Productividad Total de los Factores (PTF) fue negativo (-1%) y para este 2024 no pareciera que el escenario haya variado mucho, sin que exista una decidida política de reactivación económica. En efecto, con una economía creciendo apenas a un 1,5% al cierre del primer semestre, y eventualmente en décimas adicionales al final del año, es notorio que el clima de inversión continúa siendo desfavorable y, por ende, la generación de nuevas plazas de trabajo se ha deteriorado lamentablemente. Los gremios han advertido de este creciente y complejo fenómeno de desinversión, en tanto que los últimos reportes del DANE señalan aumentos en desocupación e informalidad laboral, así como un dinamismo industrial negativo, a más de la baja productividad señalada.
Ahora, como se dijo al comienzo, hay otros elementos que deben considerarse en la Comisión Permanente de Concertación para que el análisis del mercado laboral sea objetivo e integral, entre ellos los efectos de la reforma laboral que avanza en segundo debate en la plenaria de la Cámara. Múltiples estudios, de diversas fuentes, coinciden en que lo aprobado hasta el momento impactaría de forma sustancial el mantenimiento de las nóminas, especialmente en las mypimes (que aportan la grandísima mayoría de la oferta laboral del país), al tiempo que por esa vía se dispararía el desempleo y la informalidad.
Frente a tantos factores, entre otros, la palabra clave del reajuste salarial es concertación. Sin embargo, ya se ve, de acuerdo con las primeras opiniones al aire, que el país va hacia las pugnas ideologizantes que lo tienen bloqueado en tantos aspectos.
Así, arrasar de nuevo con la concertación sería la muestra palmaria de que, en vez de sindéresis y puntos de encuentro, lo que se busca es otra infausta dosis de polarización. Y también otra demostración de esa mala práctica democrática: la decretitis aguda.