El  Código Penal colombiano establece como delito la falsa denuncia o la denuncia temeraria. Se busca con esa tipificación castigar a quien acude ante la justicia a hacer señalamientos contra un tercero sin tener las pruebas que sustenten la acusación o incluso a sabiendas de que no hay mérito de dolo o culpabilidad alguna. Es lo que comúnmente se denomina en los corrillos judiciales “empapelar” a una persona que por más que sea inocente, lo cierto es que sufre un daño en su imagen y honra al estar públicamente sub júdice, así el proceso en su contra termine siendo archivado o se precluya al no encontrarse mérito para proseguir con la causa penal. También es evidente que muchos de quienes advierten que van a interponer denuncias a quienes les hacen algún señalamiento, lo único que buscan con esos anuncios es presionar o intimidar a sus acusadores o investigadores.

Visto lo anterior no se entiende por qué en Colombia se están volviendo una especie de ‘deporte nacional’ los anuncios a diestra y siniestra de denuncias que van y vienen, pero que, al final de cuentas, nunca se concretan ni formalizan ante la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia ni los órganos de control. Es común ver a dirigentes políticos, congresistas, altos funcionarios, exfuncionarios, voceros del sector privado y gremial, y decenas de particulares que tienen acceso a los medios de comunicación anunciar que procederán en el término del tiempo y la distancia a denunciar a sus críticos y acusadores, y que “irán hasta las últimas consecuencias” penales, disciplinarias y pecuniarias contra ellos para obtener el resarcimiento buscado. Sin embargo, cuando se revisan los estrados judiciales y de los entes de control se encuentra que la gran mayoría de esos anuncios se quedaron en el solo anuncio e impacto mediático, pero nunca se oficializaron.

Esta denuncitis mediática se está volviendo un verdadero lastre para un país polarizado en muchos aspectos y ya es hora de que se tomen medidas al respecto.