A poco más de tres semanas para los comicios presidenciales en Venezuela el panorama en esa atribulada nación continúa siendo muy complicado. No solo por la sombra de un posible fraude electoral por parte del régimen dictatorial, sino por las denuncias de maniobras ilegales contra la oposición, que encabeza las encuestas.

El último campanazo al respecto lo dio esta semana el alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, alertando sobre graves atropellos en este campo. Por ejemplo, continúan las detenciones arbitrarias. Aunque 65 personas han sido liberadas desde mayo del año pasado, todavía permanecen muchas otras tras las rejas.

De igual manera, la instancia del ente multilateral alertó por las acusaciones de delitos relacionados con el terrorismo que no cumplen las normas internacionales de derechos humanos. También se denunciaron anomalías en relación a la violación al derecho a un juicio justo. A ello se suma que desde hace más de un año hay casi una treintena de casos de capturados, algunos de ellos “voces disidentes”, cuyo paradero se ocultó a sus familiares y abogados, lo que raya en el delito de lesa humanidad de desaparición forzada.

En el tema específicamente electoral, el alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU denunció un incremento de las restricciones al espacio cívico y detenciones de opositores a medida que se acerca la fecha de los comicios. Incluso advirtió que estas capturas de partidarios y miembros de la oposición “no auguran nada bueno”.

No menos grave es que la dependencia de Naciones Unidas verificó que en el último año se han incrementado las amenazas, el acoso y los asaltos a periodistas, sindicalistas y otras voces críticas.

Otra de las circunstancias que preocupa es la relacionada con un proyecto de ley sobre las organizaciones no gubernamentales y su financiación, así como la introducción de una iniciativa de ley contra el fascismo, el neofascismo y expresiones similares que, en concepto de la ONU, contiene definiciones vagas y amplias.

Finalmente, se indicó que a pesar de que las cifras oficiales indican un crecimiento económico del 5% en 2023, los venezolanos todavía enfrentan serios obstáculos para acceder a alimentos, salud y educación. Las mujeres, las personas de las zonas rurales y los pueblos indígenas se ven afectados de manera desproporcionada. Asimismo, las protestas por un salario mínimo decente y niveles de vida adecuados han continuado.

Como se ve, las narrativas de la dictadura y de sus gobiernos aliados en torno a una mejoría de la crisis venezolana no corresponden a la realidad. Por el contrario, la situación es cada día más dramática.