A propósito de los últimos ajustes en embajadas y consulados es claro que así como años atrás se insistía en que Colombia debería virar hacia una diplomacia más económica y comercial que política, lo que obligaba a cambiar el perfil del personal de carrera así como el de libre nombramiento y remoción, es evidente que ahora uno de los principales objetivos de quienes representan los intereses oficiales de Colombia en el exterior debe ser la explicación del proceso de paz que se está llevando a cabo en La Habana, más en momentos en que los críticos de la negociación están teniendo un eco creciente en sus giras internacionales.
Por ejemplo, una de las mayores prevenciones en nivel global se da frente a lo que podría ceder el Estado a cambio de que la guerrilla se desarme, desmovilice y entre a la legalidad. No es nuevo que varias ONG han advertido en el exterior que la negociación con la subversión podría desembocar en un escenario de impunidad e incluso han pedido desde ya la activación de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Frente a ese lobby externo de esas organizaciones es urgente que los embajadores, cónsules y demás personal diplomático busquen la forma de que los gobiernos y la prensa del país respectivo conozcan la otra cara de la moneda.
Es decir, que informen de manera puntual que hay unas “líneas rojas” que el Gobierno no va a traspasar, y entre ellas una de las principales es que no habrá perdón ni olvido general, como tampoco indultos o amnistías, para los delitos graves y de lesa humanidad cometidos por los alzados en armas. También debe explicarse en profundidad que el modelo que se propone aplicar se basa en la justicia transicional, que ha sido mundialmente aceptado y que, incluso, tiene la bendición de Naciones Unidas y otros entes multilaterales. Igual es prioritario salirles al paso a las denuncias sobre un enfoque del proceso de paz que favorecería a los victimarios, cuando lo que ocurre es todo lo contrario, como lo prueba la aplicación de la Ley de Reparación a Víctimas de la Violencia y Restitución de Tierras, que ha sido resaltada como ejemplo de una norma de posconflicto que se implementa cuando aún no termina la confrontación.
Si bien es cierto que la vocería alrededor del proceso de paz está concentrada en el Presidente de la República, su Alto Comisionado de Paz y el jefe de la delegación de negociadores, deben fijarse una directrices muy puntuales al personal diplomático para que pueda pronunciarse en sus respectivas delegaciones cuando se produzca información tendenciosa o falsa sobre el intento de acabar la guerra por la vía política en Colombia. El apoyo internacional al proceso no sólo es clave desde el punto de vista político, e incluso en las instancias de mediación o facilitación, sino fundamental cuando sea necesario acudir a financiación o aportes externos para poder sufragar los costos billonarios que se deriven de los acuerdos con las guerrillas.