* En vilo asistencia alimentaria a 690 mil niños

* ¿Centralizar su manejo en Gobierno nacional?

 

 

Cuando las anomalías persisten pese a todos los correctivos que se aplican, es momento de pasar a soluciones más de fondo y estructurales, en lugar de insistir por la misma vía de los ajustes parciales que, a la luz de las evidencias, no tienen la suficiente eficacia y, por el contrario, generan crisis cíclicas y desgastantes.

Esa debería ser la base del análisis en torno a qué debe hacer el Estado para superar, de una vez por todas, la problemática con el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que proporciona desayunos, refrigerios y almuerzos a más de cinco millones de niños, niñas y adolescentes de escuelas y colegios públicos.

No hay mes en que no se prendan las alertas en el marco del monitoreo periódico que hacen de este programa de alto impacto social la Procuraduría, Contraloría, Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar y otras entidades de índole nacional y departamental.

Esta semana, por ejemplo, el ente de control fiscal informó que, con corte al 20 de junio, más de 690 mil niños, niñas y adolescentes se están viendo afectados por la falta de planeación de departamentos, distritos y municipios para el correcto funcionamiento del programa.

De acuerdo con el reporte de la Contraloría, más 223 mil beneficiarios están sin servicio de PAE, de los cuales 16.300 pertenecen a población indígena. A ello se suma que casi 300 mil menores corren el riesgo de la suspensión de esta asistencia alimentaria a partir de mañana, ya que se vencen los contratos en algunas entidades territoriales, sin que estén consolidados los nuevos.

No en pocas ocasiones, los gobernadores y alcaldes han pedido que el PAE sea asumido directamente por el Ejecutivo nacional, asegurando que su administración por parte de las entidades territoriales no cumple con los estándares de calidad, eficiencia y oportunidad. Por el contrario, son múltiples los escándalos debido a prácticas de corrupción y politiquería en estos contratos, así como por el suministro a los estudiantes de comida de baja calidad, en porciones pírricas, sin ningún balance nutricional o, lo que es peor, en pésimas condiciones de higiene.

Así las cosas, convendría que se analice de forma seria si no es hora de que una dependencia del orden nacional asuma directamente el PAE y garantice que, mes tras mes, no haya miles de niños en riesgo de no recibir el apoyo alimentario, que en algunas ocasiones es el único que consumen al día.

En ese orden de ideas, hay preocupación por los alcances de un decreto emitido a finales de mayo que permite que este programa en las zonas rurales pueda ser operado por las asociaciones de padres de familia o las juntas de acción comunal. Si bien es cierto que nadie desconoce la importancia de esas instancias en los entornos educativos, así como en los niveles locales y veredales, no se puede obviar que no tienen la experticia suficiente para llevar a cabo este tipo de procesos contractuales complejos, que no solo requieren logística y estructuración, sino capacidad presupuestal permanente.

Aunque desde el segundo semestre del 2022 hay un programa piloto al respecto en algunas regiones, se requiere una capacitación y organización muy sólida para extender esta estrategia a nivel nacional. De hecho, como lo advertimos en estas páginas tiempo atrás, a las juntas de acción comunal también se les va a permitir contratar y ejecutar obras públicas de baja cuantía. En ese orden de ideas, no solo se corre el riesgo de desnaturalizar el rol de este tipo de organizaciones populares de base, sino de convertirlas en una especie de foco contractual susceptible de apetitos politiqueros y corruptos.

La opción de centralizar el manejo del PAE también permitiría aterrizar con mayor eficacia uno de los mandatos del Plan Nacional de Desarrollo en torno a aumentar el número de complementos alimentarios que se preparan directamente en las instituciones educativas. Es decir, que se sirven calientes y con un resultado nutricional mejor. Además, con una estructuración de orden nacional, con sus respectivas ramificaciones departamentales y municipales, habría mejor opción de crear un sistema funcional que permita que los productores locales de alimentos se conviertan en proveedores principales de los insumos para desayunos, refrigerios y almuerzos a más de 5,6 millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en más de 41 mil sedes educativas oficiales en todo el territorio.

Lo importante, en todo caso, es garantizar que el PAE sea eficaz. Que hoy más de un 10% de sus eventuales beneficiarios corra el riesgo de no recibir este apoyo, termina siendo una mácula para un Estado que lleva varios gobiernos y múltiples reformas y controles buscando que funcione adecuadamente.