Casi en lo insólito raya que aún sin haberse posesionado el nuevo Congreso ya hayan sido admitidas por el Consejo de Estado más de 28 demandas de nulidad electoral contra las credenciales de un buen número de representantes a la Cámara escogidos en las urnas el pasado 9 de marzo. Y no menos sorpresivo resulta, según el informe publicado por este diario, que la mayoría de esas demandas no son contra la elección de un parlamentario en particular sino que apuntan al resultado en general de varias de las circunscripciones departamentales, lo que implica, entonces, que se podría estar hablando aquí de peros jurídicos a alrededor de medio centenar de congresistas.
Y eso que aún no han terminado los escrutinios de la elección para Senado, que sin duda han sido los más complejos, al punto que, por ejemplo, casi cuatro meses después ha sido imposible declarar oficialmente a los escogidos y entregarles su respectiva credencial. Es más, la semana pasada una acción de tutela ordenó un nuevo reconteo de un poco más de 13.700 mesas, casi el 15% de las instaladas, debido a que un movimiento político alega que el plumón que se entregó a los ciudadanos para marcar el tarjetón manchaba tanto que la tinta se traspasaba y por esa vía se anularon muchos votos que, en opinión del demandante, los afectó de manera sustancial.
No se trata de un hecho menor, pues el partido en cuestión tiene la esperanza de que en la revisión pueda recuperar los votos que le faltan para alcanzar el umbral electoral y, en consecuencia, el resultado preliminar sobre número de curules obtenidas por las distintas colectividades el 9 de marzo, variaría otra vez. Así como vamos es claro que el Consejo Nacional Electoral tendrá que redoblar esfuerzos para culminar los escrutinios y la revisión ordenada por la acción de tutela antes del 20 de julio. La dificultad es tal que, incluso, ya se dice en los corrillos políticos que se podría presentar el hecho sui generis de que se posesione sólo la Cámara, pues allí ya se entregaron las credenciales a los elegidos, mientras que habría que esperar un poco más para Senado, que por ser una elección de circunscripción nacional, tiene que declararse el resultado oficial de la elección de forma absoluta.
Lastimosamente es casi que una ‘tradición’ en Colombia que tras cada cita en las urnas sobrevenga un alud de demandas. Es más, en pasadas ocasiones ha sucedido que cuando va a terminar un cuatrienio legislativo apenas se están resolviendo algunas demandas contra la elección de los parlamentarios que están terminando ya período.
Si bien es obvio que toda persona tiene derecho a acudir ante los tribunales cuando sienta vulnerado alguno de sus derechos, ya es tiempo de buscar algún tipo de filtro que permita racionalizar esos recursos jurídicos que, por su cantidad, llegan a poner en duda la legitimidad de quienes se posesionan y empiezan a ejercer como legisladores.
Algunos expertos, por ejemplo, explican que esta clase de acciones de nulidad electoral no sean planteadas por particulares o candidatos de manera unilateral, sino que lo haga el propio partido o movimiento significativo de ciudadanos que avaló al aspirante que impulsa el pleito. Así habría un compás de responsabilidad más amplio a la hora de poner en duda los resultados de las urnas.
Ese será un tema que deberá tenerse en cuenta ahora que se habla de borradores de reformas electorales y políticas.