Mientras que los ojos del mundo están enfocados sobre la crisis política en Venezuela, en donde el régimen dictatorial de Nicolás Maduro se niega a aceptar su derrota en los comicios presidenciales del pasado 28 de julio e insiste en acudir a la represión violenta y a un sistema judicial cooptado para tratar de seguir aferrándose al poder, lo que está ocurriendo en Nicaragua es tanto o más grave.

La dictadura de Daniel Ortega y su esposa, y a la vez vicepresidenta, Rosario Murillo continúa atropellando todas las garantías democráticas y derechos fundamentales de la población, así como redoblando las medidas ilegales y represivas para anular cualquier foco de contradicción u oposición al gobierno autoritario.

Precisamente, en los últimos días el régimen anuló las personerías jurídicas de una gran cantidad de organizaciones no gubernamentales, la mayoría de ellas católicas, bajo el peregrino argumento de que no habían cumplido con las obligaciones tributarias y otros requisitos legales para poder funcionar. Toda una tramoya.

Esta ha sido una de las principales 'armas' de la dictadura nicaragüense para poder sacar de circulación a organizaciones políticas, económicas, sociales e institucionales, así como a medios de comunicación, instancias defensoras de los derechos humanos, instituciones religiosas y a una gran cantidad de vocerías de movimientos comunitarios.

No hay que olvidar que este mismo régimen en la última y cuestionada elección presidencial (2021) acudió al encarcelamiento sistemático e inhabilitación de candidatos presidenciales y movimientos políticos de oposición, en tanto que llegó al extremo de apresar a altos jerarcas de la iglesia católica que venían denunciando los abusos del gobierno autoritario.

También se recuerda que el régimen terminó por expulsar del país a un grupo de dirigentes presos a los que, incluso, llegó al extremo de retirarles la nacionalidad nicaragüense y convertirlos en apátridas, en una clara violación del derecho público internacional y de las garantías mínimas a los derechos humanos.

Es imperativo que la comunidad internacional no disminuya las presiones y sanciones sobre esta satrapía centroamericana. Por el contrario, distintos sectores de ese país están pidiendo a la ONU, la OEA, la Unión Europea y otras instancias transnacionales que redoblen la presión sobre el régimen ya que la tragedia humanitaria en ese país es cada día más profunda.

Lamentablemente, al igual que ocurre con el régimen venezolano, el gobierno de Nicaragua cada vez evidencia menos respeto por la comunidad internacional y ello pareciera traducirse en una especie de patente de corso para redoblar, en total impunidad, la violación de los derechos humanos de una población empobrecida y atemorizada al extremo.