La crisis en materia de derechos humanos se continúa agravando en todo el país. Los distintos reportes nacionales e internacionales señalan que hay un pico de violencia e inseguridad que está aumentando de forma drástica el nivel de victimización de la población civil.

El último campanazo al respecto lo dio ayer la Procuraduría General en el marco de la celebración del Día Nacional de los Derechos Humanos, poniendo especial énfasis en la dramática situación que atraviesan los líderes sociales, comunitarios y defensores de derechos humanos.

Las cifras son impactantes: 87 líderes sociales asesinados en el primer semestre de 2024, más de 90 amenazas contra quienes cumplen este rol en las comunidades y más de 74 con mecanismos de protección. Asimismo, Cauca, Antioquia, Valle y Arauca son las zonas con mayor número de homicidios.

La situación es tan complicada que, incluso, el ente de control disciplinario presentó el Índice de Prevención de Riesgos al Liderazgo Social (IPRA), que busca erigirse como una herramienta que permita anticipar situaciones de riesgo y facilitar la adopción preventiva y efectiva de medidas de protección a este tipo de personas.

Tanto la Defensoría del Pueblo como la Misión de las Naciones Unidas en Colombia han insistido en que, si bien el Estado ha tratado de aumentar las medidas de seguridad para proteger a estos liderazgos a nivel local, lamentablemente la sangría no se detiene.

De hecho, en no pocos casos se denuncia que los líderes alertan a las autoridades que están siendo amenazados o podrían correr peligro por sus actividades, sin embargo, la reacción oficial para evaluar los niveles de riesgo es demorada o las medidas de seguridad proporcionadas, como chalecos antibalas y otros elementos de bajo impacto, terminan siendo claramente ineficientes.

Es allí en donde los resultados del referido Índice se terminan convirtiendo en un elemento clave para repensar cómo salvaguardar a los líderes campesinos, sociales, étnicos, comunitarios, comunales y defensores de derechos humanos.

Uno de los aspectos más relevantes es la medición sobre cómo perciben los mismos líderes su nivel de seguridad. Hay conclusiones preocupantes. Por ejemplo, el 16% de los municipios no cuenta con instrumentos y protocolos de Política Pública de protección a esta población específica y el 38% no registra medidas de prevención implementadas.

Como se ve, si bien este y los anteriores gobiernos han insistido en que activaron estrategias para frenar la victimización de los líderes sociales, a la hora de la verdad esos planes han sido deficientes o se quedaron en el papel.