* Salud y concepto de derecho fundamental
* Las EPS deben adecuarse a la nueva era
Aunque la expresión “la salud es un derecho fundamental” sea lógica y más que válida a la luz de nuestro ordenamiento constitucional y legal, lo cierto es que al país, el Estado y el sector privado les ha llevado mucho tiempo aterrizar esa premisa en un sistema de atención que la haga realidad. Así, tras muchas sentencias sobre tutelas y otras acciones jurídicas que sentaron jurisprudencia en torno de lo que significa el derecho de todos los colombianos al disfrute pleno, eficaz y asequible del derecho a la salud, poco a poco la normatividad se va a ajustando a ese mandamiento. Fue precisamente un auto de la Corte Constitucional el que, tras hacer un compendio de la llamada ‘tutelitis’ mediante la cual decenas de miles de personas tratan de presionar el acceso a procedimientos y medicamentos, ordenó al Estado hacer un ajuste de fondo a todo el sistema de salud, garantizando no sólo la universalidad, equidad, calidad y cobertura, sino sentando unos mínimos de servicio y atención que no pueden ser vulnerados por ninguna institución pública o privada.
A partir de ese auto constitucional, los gobiernos de turno han venido avanzando poco a poco en equilibrar un sistema de aseguramiento que no sólo sea sostenible y viable financiera y administrativamente, sino que garantice unos estándares adecuados para los afiliados a las Empresas Promotoras de Salud (EPS), ya sean del régimen contributivo o el subsidiado. Y para dar un paso definitivo en esa dirección la clave estaba en unificar los Planes Obligatorios de Salud (POS), ya que para la jurisprudencia constitucional las diferencias profundas en cuanto a la cantidad de tecnologías, tratamientos, medios de diagnóstico, intervenciones y drogas que cada uno de ellos cubría violaba abierta y flagrantemente el derecho a la salud, la igualdad y el principio de un Estado social de Derecho.
Siguiendo la ruta fijada por sentencias como la T-760, tanto en el anterior gobierno como en el actual se fueron aplicando los ajustes requeridos para ofrecer un sistema de salud más humano, en el que los pacientes no fueran sometidos a engorrosos trámites para acceder a una tratamiento o una medicina, como tampoco exponerse a afectar gravemente su calidad de vida -o incluso morir- por las deficiencias de la estructura de aseguramiento. No ha sido un proceso fácil, dado que la sostenibilidad económica del sistema siempre ha sido un problema grave, a lo que se suman los fraudes, corrupción y malgastos en el sector público y privado de los recursos del sector.
Sin embargo, poco a poco se está empezando a ver la anhelada meta de unificar ese plan básico de atención médica. Primero la cobertura se aplicó a los menores de edad y hace pocos meses al adulto mayor. Y esta semana el Ministerio de Protección Social confirmó que a partir del 1 de julio próximo todos los colombianos tendrán el mismo POS. Es decir, que arranca la última etapa que beneficiará a más de 11,4 millones de colombianos entre los 18 y 59 años de edad que hoy pertenecen al régimen subsidiado. Es una medida de gran calado, no sólo porque demandará una inversión de 120 mil millones de pesos al mes, sino porque, de paso, también le significará un alivio a gobernaciones y alcaldías que estaban asumiendo los cuantiosos costos de la atención a pacientes en tratamientos y medicamentos no cubiertos por el POS. Esto viene a complementar las últimas medidas tomadas para agilizar el flujo de recursos dentro del sistema y lanzar un salvavidas a decenas de hospitales y clínicas que están al borde de la insolvencia y la quiebra por las millonarias deudas de las EPS.
La clave de esta nueva era en el esquema de cobertura y aseguramiento con un POS unificado estará no sólo en que los distintos ministerios, las superintendencias y Comisión de Regulación en Salud hagan cumplir la normatividad, sino en que las EPS contraten rápidamente la red de prestación de servicios que les demandará la obligatoriedad de no hacer diferenciaciones entre la atención brindada a quienes están en el régimen contributivo o subsidiado.
Aunque las falencias aún persisten, algunas de ellas graves, lo cierto es que poco a poco la premisa de que la salud es un derecho fundamental empieza a tomar cuerpo real. Lo importante es no aflojar en ese empeño estatal.