* El acuerdo Gobierno-banca para ampliar crédito
* Ejecutivo debe abandonar sus posturas radicales

El acuerdo entre el Gobierno y el sector financiero para aumentar, en los próximos 18 meses, en 55 billones de pesos el monto de los créditos a una serie de rubros productivos claves en materia de reactivación económica y generación de empleo, deja varias lecciones importantes para el Ejecutivo, el sector privado y el país en general.

La primera y más determinante enseñanza es que cuando el presidente de la República y su gabinete deciden apostar, decidida y objetivamente, por la concertación de las iniciativas cruciales para superar las problemáticas más sentidas de la población, se allana el camino para la construcción de acuerdos de alto calado, en este caso con gremios y empresariado.

El llamado “Pacto nacional por el crédito”, que incrementará los desembolsos de préstamos de la banca en el próximo año y medio de 195 a 250 billones de pesos, es decir un 28% más de colocaciones, se logró tras diecinueve sesiones de discusión y análisis entre la cúpula bancaria y gremial con los ministros, altos funcionarios y el propio jefe de Estado. En esas mesas, que se realizaron en distintas zonas del país, se contemplaron múltiples mecanismos para poder dirigir más recursos y apoyos a nichos de industria, vivienda, agro, turismo, manufactura, transición energética y otras actividades. Hubo desencuentros, obviamente, pero poco a poco se fueron encontrando coincidencias en torno a la metodología y características puntuales de la estrategia a implementar.

Se alcanzó, finalmente, una fórmula que permite aumentar el monto de los préstamos, pero sin arriesgar en modo alguno los patrimonios de los bancos y demás instituciones crediticias, como tampoco de poner en peligro la estabilidad del sistema financiero, ni mucho menos el dinero de los ahorradores. De allí que la asignación de esos 55 billones de pesos estará sujeta a políticas y condiciones objetivas de crédito, aunque con tasas más asequibles, flexibilidades funcionales y las respectivas garantías, en donde los fondos oficiales serán determinantes.

No fue fácil confeccionar este pacto, pero se logró gracias, sobre todo, a que la Casa de Nariño, por fin, se mostró dispuesta a la concertación, el trabajo conjunto, el análisis proactivo y realista de las lógicas de mercado, dejando de lado el tono impositivo, amenazante, ideologizado y ‒negarlo sería ingenuo‒ marcadamente populista que expuso cuando planteó la urgencia de inyectarle más liquidez al sector productivo con el fin de ayudar a despegar una economía que, en gran parte por las accidentadas y radicales políticas gubernamentales, está creciendo a un pobrísimo promedio del 1,5% y no llegaría al 2% a diciembre próximo, de acuerdo a todos los pronósticos nacionales y externos.

Aunque algunos analistas y voceros del petrismo señalaron que la amenaza del Ejecutivo en cuanto a proceder a implementar inversiones forzosas del sector financiero en la economía fue, finalmente, lo que facilitó llegar a este acuerdo, esa interpretación es equivocada. Acorde con los pronunciamientos y advertencias públicas de la mayoría de partidos y jefes de bancada un proyecto de ley en ese sentido no tenía la más mínima posibilidad de ser aprobado en Senado y Cámara de Representantes, en donde el Ejecutivo continúa siendo minoría. Esa es la realpolitik.

En ese orden de ideas, este acuerdo con la banca debe llevar al Gobierno a corregir sus posturas de amenaza y hostigamiento permanente al sector privado, no solo para excluirlo de la generación de productos, bienes y servicios, sino para tratar de ‘satanizarlo’ con un discurso radical y anacrónico, el mismo que, dicho sea de paso, poco efecto ha surtido, ya que en las encuestas el empresariado continúa arriba en cuanto a confianza ciudadana.

A hoy es innegable que sigue urgiendo un pacto amplio Ejecutivo-gremios para reactivar la economía. Ya hay un ejemplo tangible y la idea es seguir en esa línea. Todo depende de Petro y compañía.

Quedó claro en los primeros dos años de la administración de izquierda que su negativa a una concertación real y efectiva fue la principal causa del hundimiento de la mayoría de sus proyectos de reforma. Ahora que asoman, de nuevo o por primera vez, las iniciativas para ajustar los sistemas de salud, justicia, jurisdicción rural y agraria, código minero, servicios públicos y otras, es momento de corregir la estrategia política y legislativa gubernamental.

El nuevo ministro del Interior ha tratado de avanzar consensos en pos de tantas veces prometido, pero nunca concretado “acuerdo nacional”. Por el momento, se evidencia esa voluntad política, mas solo a la hora de analizar los articulados y aplicar los ajustes se sabrá si se pasa del dicho al hecho, o regresamos al improductivo y traumático escenario de la primera mitad de este mandato presidencial.

La concertación, como lo hemos recalcado tantas veces en estas páginas, es el camino. Ojalá el pacto con la banca abra un nuevo capítulo en esa dirección. Todo depende del cambio de chip en el Ejecutivo. Amanecerá y veremos.