* Debe ser un compromiso nacional
* Una norma legítima y en movimiento
Legitimar las leyes a partir de la mayor cantidad de pueblo posible es indispensable para su pedagogía y buen funcionamiento. Las leyes no son simplemente institutos inertes, abstraídos en un documento, sino que precisamente su nivel de asimilación por parte del ciudadano es lo indispensable. Por pensar lo contrario, por dejar las leyes en su categoría meramente documental, es que son desconocidas y existe una inflación legislativa ignorada por el común de la gente.
Indudablemente la Ley de Víctimas y restitución de Tierras, por su envergadura, requiere de una gigantesca cantidad de legitimidad y particularmente un método que le permita llegar a las bases. No se trata, por ende, de que el presidente de la República, Juan Manuel Santos, sea popular o populista a estos efectos, sino que ello resulta fundamental en la estrategia de desbrozar el camino a una de las leyes de mayor impacto en la historia de Colombia, en caso de cumplirse.
Ha dicho el presidente Santos, con todas las letras, que éste es el Gobierno de los campesinos y de los marginados por cuenta del conflicto armado interno. Su propósito indeclinable es el de que los campesinos que fueron desplazados de sus tierras retornen a ellas y que puedan conseguir así el patrimonio de que fueron esquilmados por cuenta de los paramilitares y sus áulicos. Sería ciertamente imperdonable que quienes pretenden el statu quo, después de la depredación y la barbarie, se fueran a salir con la suya. No tendría ello desde luego sindéresis alguna y, por el contrario, el país sabrá pagar esa deuda social, fruto de la hecatombe bélica.
Pero el tema no puede ser sólo del Presidente. Por más voluntad que tenga, demostrada fehacientemente en cada uno de sus discursos y ahora en la idea de popularizar la Ley en los diversos departamentos del país, tiene que ser acompañado no sólo por los miembros de la Unidad Nacional, sino por la sociedad civil en general.
En efecto, la Unidad Nacional, compuesta de la mayoría de partidos en Colombia, tiene a través de ellos que realizar a su vez una estrategia de acompañamiento al Presidente a fin de que pueda lograrse la mayor cantidad de gente posible en torno de ese propósito. Para el país es muy importante ir sentando paulatinamente las bases del postconflicto y en eso los miembros de la Unidad Nacional no deben ser simples espectadores o acompañantes, sino también partícipes directos de los eventos.
Asimismo, la sociedad civil no puede quedarse de brazos cruzados. No puede ser que simplemente se hagan reuniones con los campesinos y desplazados que van adquiriendo las tierras, sino que debe acompañar el proceso a fin de proclamarlo como un propósito verdaderamente histórico nacional.
A su vez, el Presidente de la República ha dicho que presentará en el próximo Congreso la Ley de Desarrollo Rural. No vale exclusivamente con entregar tierras a los campesinos, sino igualmente permitirles el acceso a subvenciones y créditos blandos por medio de los cuales puedan desarrollar sus parcelas. La gran falla de las reformas agrarias anteriores ha sido precisamente esa. Se entregaron tierras, pero se dejó a los campesinos expósitos para el cultivo y progreso de las mismas.
En todo caso, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras es irreversible, no sólo por el documento Conpes que la acompaña, sino también por la financiación que ya está reservada. Pero en esto, como en todo, lo que más interesa es la voluntad presidencial y ello parece estar garantizado, mucho más después del discurso el pasado viernes en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, ante 15 mil campesinos.
Los resultados ya comienzan a darse y se han entregado miles de hectáreas fruto de baldíos. No se entendería por qué, frente a voces pesimistas, no se podrían llevar a cabo, al fin del cuatrienio las metas propuestas, y en ello todos deben empujar, el Estado completo, parlamentarios, gobernadores y alcaldes, los partidos políticos pero también los medios de comunicación y, en general, la sociedad civil entera.