Uno de los temas más discutidos en nuestro país en los dos años del gobierno de izquierda ha sido, precisamente, el de la política de transición energética, sobre todo en cuanto al ritmo y realismo de la migración de fuentes de combustibles fósiles a energías limpias y sustentables.

Las posturas radicales de la Casa de Nariño en cuanto a proceder a un rápido marchitamiento de la exploración y explotación de hidrocarburos se contraponen a la necesidad de seguir contando con los recursos, divisas y regalías derivadas de la producción, consumo y exportación de petróleo, gas y carbón.

Sin embargo, en medio de ese debate en torno a cómo va la política de transición energética en Colombia, los mecanismos para acelerarla y cómo reemplazar los ingresos que se derivan de los combustibles fósiles, así como la urgencia de conservar la seguridad y soberanía en hidrocarburos, hay otros cuellos de botella que persisten y limitan la actividad extractiva.

Por ejemplo, el viernes pasado el contralor delegado de Minas y Energía llamaba la atención sobre la manera en que el licenciamiento ambiental y las consultas previas pueden impactar los proyectos energéticos.

Advirtió que esta es una situación común a todos los subsectores energéticos y debe ser abordada con prioridad, ya que está dilatando el tiempo de ejecución de proyectos que son vitales para garantizar la seguridad energética.

El delegado del ente de control mencionó casos específicos de proyectos que están suspendidos o frenados por estos requisitos. Es más, el propio contralor general consideró natural que haya preocupación por el impacto ambiental de proyectos energéticos, pero consideró que siempre va a haber algún tipo de consecuencia en la materia.

No es la primera vez que se trae a colación la necesidad de acelerar los mecanismos de licenciamiento ambiental y de consulta previa para obras de infraestructura prioritaria. Sin embargo, el debate siempre queda en punta, sin resolución efectiva alguna.