* El nombramiento de Miriam Villegas
* Restitución de tierras como propósito nacional
AMAINADO el episodio que se presentó entre el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, y el exdirector de Incoder, Juan Manuel Ospina, se mantiene en firme la principal bandera gubernamental que es la Ley de Víctimas y la restitución de tierras. Se pensó, en su momento, que era interesante que ambos acápites estuvieran en leyes distintas, pero finalmente fueron acumulados en una sola para generar unidad de materia y celeridad procesal. En todo caso, el resarcimiento directo a las víctimas y la restitución de tierras tienen procedimientos diferentes, cada cual con su propio ritmo.
Es, sin duda alguna, Juan Camilo Restrepo el hombre indicado para sacar adelante el programa más ambicioso de reparación que se haya visto en el mundo entero, en especial en cuanto a las tierras, según lo dijo en su momento Norbert Wühler, jefe del Programa de Reparación en el ámbito mundial. El insuceso presentado entre Restrepo y Ospina no pasó a mayores, como suele ocurrir entre amigos de toda la vida, y por el contrario, las fricciones fueron en procura de atinar de la mejor manera posible en lo que es el epicentro del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos. El reemplazo de Ospina en el Incoder, en cabeza de Miriam Villegas, experta en temas de tierras y que ha trabajado en ese frente en el Magdalena Medio con el padre Francisco De Roux, Provincial de la Compañía de Jesús en Colombia, es garantía para enfrentar semejante reto.
Se entiende, desde luego, el afán del Gobierno y del mismo Presidente por presentar la mayor cantidad de avances en el menor tiempo posible. La tarea, como se ha dicho una y mil veces, no es fácil y toca los intereses de quienes se habían acaballado en el conflicto armado interno para modificar la titularidad de los predios a través de las presiones, el desplazamiento, las amenazas, el asesinato y el éxodo.
De acuerdo con la Ley, la restitución de tierras debe hacerse por los procedimientos judiciales que ella misma contempla, por vía institucional. Se creó para ello una jurisdicción específica, de suerte que debe entenderse bien que no corresponde en sí mismo al Ministerio de Agricultura o al Incoder la restitución, sino a jueces y magistrados específicos que han venido nombrando paulatinamente. Todo ello, además, bajo la Unidad de Gestión de Restitución de Tierras, que es la institución encargada de sustanciar los casos ante los jueces y tribunales, así como de coordinar la política en la materia, bajo un Comité Ejecutivo, que a su vez cuenta con un Director correspondiente. En tal sentido, lo que se ha creado es un proceso judicial expedito y sencillo, para que sea estructurado y focalizado con el fin de restituir las tierras a los despojados o compensarlos con los dineros correspondientes. Para ello se requiere presentar las solicitudes a la Unidad Administrativa. En la actualidad el monto de registros ha llegado a un cúmulo importante, pero se espera que crezca.
Al mismo tiempo, el Ministerio ha preparado la Ley de Desarrollo Rural, que trata la estructura de la totalidad de la tierra en Colombia, y que estará en cabeza del Incoder. El desfase en su presentación ha consistido en los requerimientos constitucionales de hacer consultas previas a las comunidades étnicas, lo que ha significado rémoras en el tema. Frente a semejante garantismo, que implica prácticamente plebiscitos regionales, el Congreso no podrá abocar el tema hasta tanto no se surtan estos mecanismos.
En referencia a la restitución de tierras a las víctimas, es evidente que es un proceso de corto, mediano y largo plazo. Si bien hay una vía judicial expeditiva, también es necesaria la adecuación de subvenciones y posibilidades para las explotaciones agrícolas. A comienzos de año el Gobierno diseñó la estrategia de respaldo popular a la Ley. Eso ha venido saliendo bien y lo que interesa ahora es pasar de la entrega de baldíos a la propia restitución por la vía jurisdiccional adoptada.
El timonel elegido por el Gobierno para la materia, Juan Camilo Restrepo, no puede ser mejor. Si bien es dable pedir paciencia, también urge que el Gobierno inicie una campaña pedagógica, en especial por televisión, que permita hacer entender la Ley fácilmente. El hecho, como lo ha dicho el presidente Santos, es que el tema es irreversible y ayer, cuando se produjo la primera fecha de tributo a las Víctimas, en el día simbólico del 9 de abril, eso ha quedado completamente claro.