*No por madrugar, amanece más temprano

*Se necesita es más y no menos Congreso

NO  tiene el país necesidad alguna, para lograr la paz, de inventarse “congresitos”, generar comisiones primeras ampliadas o recurrir a grandes malabares constitucionales. Se entiende, por supuesto, la premura que le asiste al Gobierno en cuanto a los tiempos del proceso, para lo cual no obstante es mejor ir a lo práctico y concreto, en vez de enredarse en los incisos, tanto en cuanto, por lo demás, muchas veces las normas ordinarias y lo debidamente establecido es más expedito que cambiarlo todo, generando incertidumbre y desorden.

Con el Congreso que tenemos es suficiente, de sobra, para las discusiones y procedimientos de la paz. Inclusive si de acortar los tiempos se trata, basta con emitir un acto legislativo transitorio en el que, por una sola vez, medio tramo de legislatura, tradicionalmente de seis meses, se reduzca, a los efectos, a un trimestre. Con ello, las leyes provenientes de lo acordado en La Habana, tanto en materias económicas, sociales, como políticas, pueden desarrollarse, con mensaje de urgencia, en las comisiones constitucionales actuales. Y de allí a las plenarias sin problema. Pareciera, en cambio, un exabrupto comprimirlo todo a las comisiones Primeras cuando, por el contrario, se requiere la mayor cantidad posible de vocería parlamentaria, por lo demás en sintonía con las regiones, en vez de reducirlo todo a un solo organismo, evitando la salida por los otros cuerpos especializados y de la misma preeminencia.  

No se requiere para  ello, en lo absoluto, modificar la estructura parlamentaria, sino hacerla más expeditiva. En efecto, si la Asamblea Constituyente de 1991 se tomó tan solo seis meses para generar una Carta pletórica de artículos, puede el Congreso, en el mismo sentido, acortar o producir un cronograma ágil y adecuado. Ojalá más conciso. Tampoco desprenderse el Legislativo de sus competencias, dando facultades extraordinarias al Ejecutivo, puesto que, a la inversa, lo que permite una mayor legitimidad es el debate público y no la concentración de los poderes.

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Desde luego, se sabe del querer gubernamental de que las Farc tengan representación en el hemiciclo parlamentario. Está pendiente de definirse, por descontado, si los colombianos estarían listos para ello, con todas las encuestas demostrando que, al contrario, aspiran a verlos en la cárcel.

El Gobierno ha tratado de convencer a la opinión pública de que con penas alternativas, pero condenas efectivas, es suficiente. Aún falta por saberse, no obstante, si los colombianos lo aceptarían. Sea lo que sea, si la opinión ve la mejora en el orden público, que ya se vislumbra con la tregua unilateral de las Farc, y que deberá profundizarse con la firma del cese el fuego bilateral, es posible que las percepciones y la credibilidad sobre el proceso de paz mejoren. Puede, en tal sentido, el mismo acto legislativo en que se reducen los términos para las discusiones normativas, dejar un cupo en el Congreso, sin definir el número, para la representación de la subversión en trance de desmovilización, mientras los voceros directos son materia de la justicia transicional y en todo caso acceden, de invitados, tal cual en su momento se adelantó con los jefes del paramilitarismo. Y el Gobierno, sin necesidad de curules para sus negociadores, toma igualmente la palabra en el Parlamento.

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Desde luego, está claro que no por madrugar amanece más temprano. De modo que poco se entienden semejantes discusiones, que ahogan la paz en un vaso de agua, y que antes de orientar lo que hacen es hundir el tema en un baúl de anzuelos. En la mayoría de los casos, sin embargo, es mejor ir paso por paso, en lugar de abotagarse.

Y lo que hoy ocupa a la Mesa es, ciertamente, la justicia transicional, de la que por lo pronto no se sabe que esté acordada ni siquiera en sus cláusulas principales. Entre tanto, el Gobierno se ha mostrado dispuesto a un sistema general de justicia alterna. A su vez, las Farc han reiterado en el último mes que este debe incluir a los agentes del Estado y los financiadores del conflicto armado, tanto como a presidentes y ministros que sobre él han tomado decisiones, y sobre esa base estarían dispuestas a una evaluación. Al mismo tiempo, dicen que la Comisión de la Verdad precede a la justicia transicional, por lo cual deben anticiparse e incluirse subdivisiones en lo referente al fenómeno del paramilitarismo y lo relativo a la Unión Patriótica. Como están las cosas, pues, el Gobierno vislumbra el tema como un bloque, mientras que la guerrilla pareciera articularlo por etapas.

Después de ello, siendo del caso el acuerdo en la justicia, ambas partes entrarían a revisar lo atinente al cese el fuego bilateral. Que, por supuesto, no será cosa automática ni de unas semanas, entendido que la concentración de tropas guerrilleras en varias zonas de ubicación, como se hizo en otras oportunidades, será tema prolongado.

Lo que hoy se habla, entonces, de participación política de las guerrillas y la aplicación de los acuerdos en materias económicas y sociales, igualmente hasta ahora en preacuerdos parciales, pendiente de perfeccionarse en discusiones posteriores, es un punto que al parecer  no ocupa a la Mesa de La Habana, sino que son parte del adobo con que muchas veces se quiere dar dinámica a un proceso que tiene ritmos diferentes al de los reflectores de los medios de comunicación.

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Es difícil, ciertamente, darle a entender a la opinión pública que el proceso puede llevarse más tiempo de lo esperado. De hecho, como hoy se ven las cosas, es mejor cada discusión en su tiempo y lugar, lo que comporta, por ejemplo, el hecho de que, en el momento, cualquier acto legislativo llevará las cosas al 2016, incluso al 2017, cuando ya esté asomando las orejas la próxima campaña presidencial. Pero no por ello hay que emitir normas inocuas, tal cual se hizo, por ejemplo, con el denominado Marco para la Paz, o reformas inoportunas, verbigracia haber prohibido este Gobierno las zonas de distensión que ahora deberán sustituirse con el pleonasmo de zonas de concentración o de ubicación. Incluso, cualquier acto refrendatorio del proceso de paz, al que el Gobierno se ha comprometido, tendrá que hacerse sobre las nuevas bases establecidas por la misma Administración actual en coincidencia con las elecciones parlamentarias o presidenciales, a fin de que la legitimidad tenga un viento de cola favorable y produzca todo el blindaje jurídico y político hacia el futuro. De suerte que en muchos aspectos, el proceso apunta a un horizonte más lejano. Y cada vez es más claro que, sea porque llegue hasta allí el fin del conflicto, o deban en aquel aplicarse los acuerdos correspondientes, el próximo gobierno tendrá muchas velas en el asunto. De modo que no sea solo en este sino en el siguiente, que se sienten las bases de una paz estable y duradera.

Ha dicho, por lo pronto, el Presidente que en noviembre se hará una evaluación sobre los temas, en particular, la justicia transicional.  Como ese es el cuello de botella actual, de acuerdo con el modelo gubernamental adoptado, no vale pues llenar el escenario con otros cuellos de botella, tan innecesarios como extemporáneos.