* Los riesgos de politizar las lecturas
* La brecha entre percepción y cifras
Nada más político que, valga la redundancia, la política de seguridad. En ese orden de ideas, analizar los resultados en materia de orden público y tranquilidad ciudadana, poner bajo la lupa la relación de costo-beneficio de las estrategias castrenses y policiales, evaluar la contundencia de los golpes coyunturales y estructurales a los actores generadores de violencia, establecer las variaciones de la llamada “ecuación del conflicto”, sopesar la incidencia de los distintos delitos y, con base en los criterios derivados de todas esas lucubraciones, proyectar una conclusión sobre qué tan cercano o lejano está el anhelado horizonte de una población colombiana que no sienta el temor de ser víctima de los criminales a la vuelta de la esquina, no sólo resulta un ejercicio válido sino necesario.
Sin embargo, hay mucha diferencia entre analizar la política de seguridad y politizarla. No es la primera vez que en estas páginas advertimos cómo desde algunos sectores nacionales se está incurriendo en el error de sobredimensionar los problemas -que existen nadie lo puede negar- en materia de neutralización de la delincuencia común y organizada. Por esa peligrosa vía no sólo se incurre en servir de caja de resonancia a los ilegales que acuden al terrorismo y al ataque criminal a civiles y Fuerza Pública para demostrar un poder militar y de desestabilización que no tienen, sino que se aumenta artificialmente la brecha creciente en Colombia entre la percepción subjetiva de seguridad y la realidad que muestran las cifras sobre evolución de la criminalidad.
A mediados de la semana el Presidente de la República advertía ante un buen número de gobernadores y alcaldes que no estaba de acuerdo con quienes magnifican la acción de delincuentes y terroristas para “hacer política con temas de seguridad” e incluso los calificó de “idiotas útiles” y de hacerle el juego al terrorismo.
Para contrarrestar esos intentos de malformaciones de la realidad en materia de seguridad y orden público, el Jefe de Estado dijo, por ejemplo, que en los primeros 40 días del año los homicidios en el país disminuyeron 14 por ciento y que en los 18 meses que lleva en el poder la reducción ya es de un 5 por ciento. Igual expuso cifras sobre lo que calificó como disminuciones sustanciales en delitos como secuestro, extorsión, hurto y las lesiones personales, al tiempo que resaltó que hoy el país cuenta con el nivel de cultivos ilícitos más bajo en una década.
Obviamente esas cifras no ocultan que hay problemas en materia de orden público e inseguridad. Los ataques de la guerrilla en el último mes en distintos lugares del país, que dejan más de una veintena de víctimas fatales, y el creciente accionar de las bandas criminales, son fenómenos evidentes que urgen una estrategia de choque más fuerte para neutralizarlos. Igual ocurre con los picos que se registran en algunos delitos de alto impacto en nivel urbano y rural.
Lo importante, como se dijo, es que el análisis de lo que está sucediendo se haga bajo una lupa objetiva, seria, desapasionada y ajena a las coyunturas políticas.
Sólo en la medida en que ello ocurra será posible evaluar los resultados que ofrezca el nuevo Plan de Guerra que bajo el nombre de “Espada de honor” fue lanzado esta semana por la cúpula de la Fuerza Pública. También se exige lo mismo para establecer el impacto del Plan de Vigilancia por Cuadrantes, puntal de lanza de la Policía para asegurar la tranquilidad en ciudades y municipios.
Es claro, entonces, que se necesita máxima sindéresis para analizar la política de seguridad y no incurrir en la lesiva manía de politizarla, con el alto riesgo que implica sobredimensionar o subdimensionar lo que está ocurriendo realmente en este campo. Este año se destinará el equivalente a 13 mil millones de dólares para invertir en seguridad y defensa y sólo una óptica objetiva permitirá establecer claramente si la estrategia delineada está dando los resultados esperados.