Una de las iniciativas sociales de mayor impacto en Colombia es, sin duda alguna, el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que permite suministrar diariamente a millones de niños y adolescentes de escuelas y colegios públicos desayunos, refrigerios y almuerzos gratis.

Sin embargo, como se sabe, este programa ha sido blanco durante mucho tiempo de fenómenos lesivos como la corrupción con su billonario presupuesto, anomalías contractuales al por mayor e incluso múltiples casos en donde los contratistas proporcionan a los menores de edad comida en mal estado, preparada sin las condiciones higiénicas mínimas, en porciones pírricas o sin los estándares básicos de equilibrio nutricional.

Los últimos gobiernos han aplicado una serie de reformas y filtros para evitar que el PAE continúe en la mira de la politiquería, los carteles de contratación y el desgreño administrativo. Sin embargo, las irregularidades persisten y prueba de ello es lo que pasó este año, incluso con casos en donde algunas gobernaciones y alcaldías tardaron varios meses en contratar los servicios de alimentación, perjudicando gravemente a miles y miles de estudiantes que, por sus condiciones económicas estrechas, necesitan este apoyo alimenticio día tras día.  

La actual administración también prometió más ajustes y ya comenzó a implementar algunos. Es clave garantizar que serán efectivos, sobre todo por la urgencia de proteger los recursos que se destinan al PAE. De hecho, la semana pasada a través del Ministerio de Educación y la Unidad de Alimentos para Aprender se asignaron 1,2 billones de pesos a las 97 Entidades Territoriales Certificadas en Educación (ETC) que ejecutan este programa. A estos recursos se suman los aportados por cada una de dichas instituciones.

De acuerdo con la cartera, este presupuesto creció en 103 mil millones de pesos con relación al 2022, con el objetivo de cumplir las metas de acceso, permanencia, bienestar y seguridad alimentaria en el sector educativo oficial de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes colombianos.

La idea es que este apoyo alimenticio llegue a más de 43 mil sedes educativas en todo el país y que la vigilancia del cumplimiento de los estándares de calidad esté en cabeza no solo de las autoridades sino de los llamados Comités de Alimentación Escolar, docentes, directivos, acudientes y los propios operadores.

Lo importante, como se dijo, es que se redoblen los mecanismos de control sobre este programa de alto impacto social. No solo desde el punto de vista preventivo y de responsabilidad fiscal o disciplinaria, sino también en lo penal.