* Terminaron los Diálogos Regionales Vinculantes

* Gremios, partidos y academia deben ser más proactivos

Se empieza a agotar el tiempo para que el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno sea radicado en el Congreso. Como se sabe, la iniciativa que lleva varios meses en construcción, bajo el liderazgo del Departamento Nacional de Planeación, será llevada al Parlamento el 7 de febrero para empezar a ser debatida, en forma tal que antes de terminar el primer semestre se tenga la hoja de ruta del cuatrienio.

Si bien el Ejecutivo dio a conocer semanas atrás un primer borrador del proyecto, el articulado final sigue en construcción a través de los llamados Diálogos Regionales Vinculantes, cuya última sesión se dio la semana pasada en Honda, Tolima. Según la Casa de Nariño más de 250 mil colombianos participaron en 51 escenarios de discusión que se llevaron a cabo en todo el país, en donde se pudieron sobre la mesa más de 87 mil propuestas ciudadanas.

Como se sabe, son tres los pilares fundamentales del proyecto de la administración Petro: estrategia de paz total, justicia social y justicia ambiental. Estos a su vez se subdividen en otros capítulos relacionados con ordenamiento territorial, seguridad humana, lucha contra el hambre, transición energética, desarrollo sostenible y convergencia social y regional.

Terminado ya este proceso de análisis, a nivel departamental y local, el siguiente paso es esperar los comentarios que sobre el alcance del borrador, ya oficializado, haga el Consejo Nacional de Planeación. Luego de ello vendría la redacción final del documento que debe ser llevado al Parlamento, que será citado a sesiones extras a partir de la primera semana del segundo mes de 2023.

Varios sectores han urgido que tanto la academia como los gremios económicos se pronuncien sobre las metas y estructuración del Plan, que tiene un estimado de inversión de 1.048 billones de pesos hasta 2026, programación de la cual se va a derivar el cronograma del Plan Plurianual de Inversión.

Si se revisan las conclusiones de las más de 2.100 mesas de diálogo que se realizaron en los últimos meses, queda claro que los temas de educación, salud, empleo, vías terciarias, seguridad, infraestructura, servicios públicos, seguridad alimentaria, ordenamiento territorial, medio ambiente, cultura y agua potable son los que más preocupan a la ciudadanía. Por lo mismo, tanto el Gobierno como el Congreso deben enfatizar en estos campos que, sin duda alguna, necesitan un redimensionamiento tras el duro impacto de la crisis pandémica en los últimos tres años.

También sería interesante que los partidos políticos emitieran, desde ya, un primer concepto sobre la hoja de ruta que está planteando el gobierno para todo su mandato, pues ello permitiría una mejor delineación del articulado antes de ser radicado y disminuiría los tiempos de aprobación legislativa.

No menos importante es que los gobernadores y alcaldes se pronuncien sobre las metas y políticas públicas que se están planteando desde la Casa de Nariño. Si bien es cierto que apenas les queda un año de mandato, sus criterios son prioritarios para mejorar la focalización territorial de la gestión del gobierno nacional, sobre todo en campos como el económico y el de la inversión social.

Visto todo lo anterior, es imperativo que se amplíe el escenario de análisis de cada uno de los capítulos del Plan Nacional de Desarrollo. Para ello podría acudirse a una estrategia más audaz y efectiva de socialización de sus principales objetivos y programas a través de los canales de comunicación de los ministerios, los departamentos administrativos, las agencias, institutos y demás entidades de la esfera central del gobierno. Un proceso que debería ser apoyado por una campaña institucional a través de los medios de comunicación que permita que una mayor franja ciudadana se entere de cómo se está construyendo y cuál es el norte de la bitácora oficial del país para los próximos cuatro años.