El  lamentable caso del suicidio de un joven estudiante puso, de nuevo, sobre la agenda nacional el preocupante caso del “matoneo” en los establecimientos educativos. Incluso, una investigación de la Maestría en Educación de la Universidad de La Sabana concluyó que el 47% de los alumnos en la Sabana de Bogotá ha sido agredido física o verbalmente por otro compañero de clase.

Como se sabe, el país cuenta desde 2013 con una Ley de Convivencia Escolar, que ya fue reglamentada y ha venido siendo implementada en todo nivel. Sin embargo, en el fondo, el problema de las agresiones físicas y sicológicas en el interior de los establecimientos educativos, y que ha tenido en internet y específicamente en las redes sociales virtuales una peligrosa caja de resonancia, no se reduce a la ausencia de normatividad o debilidad en la aplicación de los correctivos previstos por la misma. El problema, en realidad, tiene raíces sociológicas y culturales muy profundas, que son producto de una sociedad en donde a diario los casos de intolerancia, agresividad y discriminación se ven por todos los rincones del país. En ese orden de ideas, el “matoneo” en escuelas, colegios y hasta en universidades no es un hecho aislado o exclusivo de esos espacios, sino una manifestación de lo que ocurre en otros.

Es claro que docentes y padres de familia deben estar atentos a las señales de alerta temprana que permitan detectar si un estudiante es víctima de agresión en su entorno educativo. Como también es urgente que las autoridades y la propia prensa hagan eco más fuerte a las condenas que se han impuesto ya a los responsables de este tipo de ataques. Sólo así el “matoneo” se entenderá como un hecho grave y castigable, y no como una simple travesura o como suelen decir algunas personas: “cosas de muchachos” o la “montadera normal”. Pero en el fondo el problema es que difícilmente se les puede pedir a los estudiantes que no sean violentos si vivimos en un medio en donde la intolerancia es pan de cada día.