El Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete es uno de los más importantes nodos ecosistémicos en Colombia y el área protegida de mayor extensión del país. Con una extensión superior a los 4,2 millones de hectáreas entre los departamentos de Caquetá y Guaviare, es blanco, lamentablemente, de amenazas como la tala ilegal de árboles, la extensión no autorizada de la frontera agrícola, minería criminal, la presencia de narcocultivos e incluso la explotación abusiva y desenfrenada de muchas de sus riquezas en fauna, flora y todo el conjunto de su biodiversidad.

Por lo mismo, constantemente se escuchan llamados nacionales, regionales y locales para que se redoble el accionar de las autoridades militares, judiciales, ambientales, administrativas y los entes de control con el fin de proteger esta extensa área natural que, además, es uno de los patrimonios culturales, arqueológicos y paisajísticos más atractivos del país.

En ese orden de ideas, resulta muy positivo lo informado la semana pasada por la Fiscalía en torno a que, en un trabajo coordinado con la Policía, el Ejército y el Ideam, se pudieron detectar varios casos de deforestación en el área del parque y neutralizar estas amenazas.

De acuerdo con el ente acusador, en zona rural de Calamar (Guaviare) se constató la praderización para realizar, en una de las tres áreas intervenidas, actividades agropecuarias como ganadería extensiva, mientras que en otras dos se ubicaron laboratorios para el procesamiento de hoja de coca, los cuales fueron destruidos.

Más alarmante aún es que se está desarrollando infraestructura ilegal en estas áreas protegidas. Según la Fiscalía, durante el operativo se inhabilitaron cinco puentes no autorizados en inmediaciones de los predios intervenidos, que servían para comunicar corredores viales construidos de manera ilícita.

Es imperativo que esta clase de operativos se extiendan a muchas otras zonas del parque Chiribiquete en donde las comunidades han denunciado que se está incurriendo en actividades irregulares e ilícitas. Es necesario que las autoridades judiciales y la Fuerza Pública cuenten con el suficiente presupuesto, equipamiento y personal para adentrarse en los territorios más profundos del área protegida, con barridos y monitoreo permanentes que impidan que se multipliquen estas anomalías.

No hay que olvidar que muchas de estas actividades suelen tener capacidad para trasladar sus operaciones en pos de no ser detectados fácilmente. De allí que se necesite un apoyo de inteligencia humana y tecnológica, incluso con herramientas satelitales, para ubicar áreas en donde se esté agrediendo al parque.