La situación de derechos humanos en Nicaragua es cada día más crítica, sobre todo por cuenta de la represión que adelanta la dictadura de Daniel Ortega contra todo factor de crítica u oposición, sea real o supuesto. Una circunstancia que es aún más grave al tenor de lo advertido esta semana por un grupo de expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), según los cuales los atropellos sistemáticos perpetrados por el régimen autoritario se pueden equiparar a crímenes de lesa humanidad por razones políticas.

El diagnóstico fue taxativo en que durante el año pasado se registró un aumento exponencial de violaciones que buscan “incapacitar cualquier tipo de oposición a largo plazo”. En vista de ello, los expertos indicaron que tanto el presidente Daniel Ortega, como su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo así como una serie de funcionarios de alto nivel deben ser sometidos a investigaciones judiciales por su posible responsabilidad en los crímenes, violaciones y abusos.

Como se sabe, la dictadura ha acudido al encarcelamiento y condena de líderes políticos, periodistas, empresarios, académicos, integrantes de la Iglesia Católica, voceros de organizaciones no gubernamentales y personas pertenecientes a un gran número de instancias civiles, gremiales e institucionales, incluyendo hasta grupos de Boy Scouts. De igual manera, el año pasado exilió a centenares de críticos e incluso les retiró la nacionalidad nicaragüense, en un hecho violatorio de todos los tratados de derecho público internacional.

No hay semana en que el régimen no ilegalice organizaciones privadas y acuse a decenas de líderes e incluso personas del común de incurrir en presuntos delitos de traición a la patria y otras conductas ilegales. La mayoría de esas causas penales no tienen sustento real alguno y, por el contrario, son producto de montajes y entramados que cuentan con la complicidad de una justicia politizada y el servicio de los Ortega.

El informe de los expertos de la OU va más allá y denuncia que la persecución por parte del Gobierno a opositores reales o personas percibidas como tales se ha vuelto “más sutil”. Sin embargo, es claro que se perpetran violaciones, abusos y crímenes no sólo para desmantelar los esfuerzos activos de la oposición, sino también para eliminar todas las voces críticas y disuadir a largo plazo.

Frente a todo ello, queda claro que la comunidad internacional debe reforzar las sanciones internacionales contra Managua, así como propiciar que los Ortega y su cúpula de gobierno autoritario sean sometidos a la Corte Penal Internacional por los delitos de lesa humanidad que han perpetrado a lo largo de los años.