* Se agrava desorden público e inseguridad

* Estado no logra imponer institucionalidad

La masacre ocurrida en la noche del martes en zona rural de Rionegro (Antioquia), en donde no menos de siete personas fueron asesinadas por un comando armado, pone en evidencia que la situación de inseguridad y desorden público en ese y otros departamentos se está complicando cada día más.

Según los registros de Indepaz, en lo corrido de este año se han presentado más de 36 asesinatos colectivos, que han dejado cerca de un centenar de víctimas. Aunque las autoridades indican que el número de matanzas viene disminuyendo frente a las 93 registradas en 2023, con casi 300 vidas perdidas, lo cierto es que hacía mucho tiempo que en el país no se registraba una masacre de estas proporciones.

Esto se suma a la escalada violenta y terrorista de las últimas semanas en el suroccidente del país, perpetrada principalmente por las disidencias de las Farc (‘Estado Mayor Central’), en tanto que en otras zonas es la guerrilla del Eln, las reincidencias de las Farc (‘Nueva Marquetalia’) o las bandas criminales de alto espectro, como ‘El clan del Golfo’ o ‘El tren de Aragua’, las que están sembrando el terror y operando casi sin freno. Asesinatos de líderes sociales y desmovilizados, aumento de los casos de desplazamiento forzado de población, el auge de los narcocultivos y la minería ilegal, así como las oleadas de extorsión urbana y rural, entre otros delitos de alto impacto, se están convirtiendo en el dramático día a día de millones de colombianos.

Si bien ciudadanía, gobernadores, alcaldes, gremios, entes de control, Congreso y múltiples instancias políticas, sociales, económicas e institucionales han exigido del Ejecutivo corregir de forma sustancial su política de seguridad y convivencia, los ajustes aplicados hasta el momento no han dado los resultados esperados.

En el caso de Antioquia, por ejemplo, el propio gobernador antioqueño ha denunciado en reiteradas oportunidades que hay distintos actores ilegales tratando de imperar a sangre y fuego en algunos enclaves territoriales. Por lo mismo, el mandatario urgió del Gobierno nacional no solo suspender en su jurisdicción los acuerdos de cese el fuego con los grupos ilegales, sino que pidió al Ministerio de Defensa un refuerzo en materia de personal y equipamiento militar y policial para enfrentar esta escalada de violencia. Las subregiones del norte, nordeste y bajo Cauca son las más golpeadas.

Las hipótesis sobre los autores de la masacre en Rionegro todavía no están claras. Sin embargo, las circunstancias que se han podido establecer son indicativas de que fue un grupo fuertemente armado y organizado el que perpetró la matanza. Utilizaron fusiles, se movilizaban en dos carros y huyeron hacia zona rural de Carmen de Viboral. Sobre las víctimas, hasta ayer se conocía que no eran oriundas de la región, trabajaban en la construcción y ninguna había denunciado estar en peligro. En cuanto al mapa delincuencial de la zona, allí operan grupos residuales de las Farc y el ‘Clan del Golfo’, principalmente. Inicialmente las autoridades descartaron que se tratara de un ‘ajuste de cuentas’, pero se está investigando cómo y por qué llegaron estas personas a esa finca y cuáles son los conflictos locales principales.

No en pocas ocasiones hemos advertido desde estas páginas que las facciones armadas ilegales están aprovechando una especie de vacío de poder institucional que se está presentando en muchas zonas del país en donde la Fuerza Pública, por efecto de los ceses el fuego en el marco de la accidentada política de ‘paz total’, tiene restringido el accionar contra la criminalidad, ya sea común u organizada.

Esto ha llevado a que los propios mandatarios locales y seccionales se vean forzados a tomar la iniciativa para tratar de proteger a sus gobernados. Por ejemplo, en Sincelejo hay fuerte controversia por la creación de un grupo privado de seguridad con hombres armados. En otras ciudades capitales se está exigiendo el traslado inmediato de los presos más peligrosos de las cárceles locales para frenar la extorsión. En Bucaramanga plantearon deportar automáticamente a los delincuentes venezolanos reincidentes, en tanto que, en el Valle, la gobernación acaba de comprar equipos para contrarrestar ataques de las disidencias con drones que cargan explosivos, al tiempo que el alcalde de Cali urge reanudar bombardeos a campamentos subversivos…

Todo lo anterior lo único que evidencia es que el Gobierno nacional, como principal brazo ejecutor del Estado, no logra imponer el ejercicio legítimo de la autoridad, predominar en el territorio ni hacer valer la institucionalidad. La población se encuentra cada día más inerme ante una delincuencia que aprovecha los vacíos e incoherencias de la política de seguridad y paz para ampliar su espectro criminal, rentas ilícitas y la victimización ciudadana.