* Alerta continental por pico migratorio
* Colombia sería el país más impactado

La profundización de la crisis política en Venezuela por la negativa de la dictadura a reconocer que el candidato opositor Edmundo González fue el ganador de los comicios presidenciales del 28 de julio, está llevando a que el flujo de personas que huyen de esa nación aumente día tras días en el último mes.

Las autoridades fronterizas colombianas ya prendieron alarmas por este repunte de la migración ilegal, que crece a medida que el régimen de Nicolás Maduro no solo redobla la represión política y judicial contra González, la líder opositora María Corina Machado y otros dirigentes de la Mesa de Unidad Democrática, sino también contra la población civil que reclama al chavismo desistir de su estrategia de fraude y dar paso a una transición democrática.

Con más de dos mil capturados de manera arbitraria en las semanas recientes, un alud de denuncias sobre desaparición forzada de líderes locales y regionales, así como un temor creciente a los “colectivos bolivarianos” y demás grupos criminales que, encapuchados, recorren muchas ciudades y municipios intimidando a quienes se manifiestan contra el régimen, es claro que la esperanza de que termine a corto plazo el gobierno autoritario se aleja cada día más. Incluso, también se frenó el retorno ‘a cuentagotas’ de centenares de venezolanos a su país en los últimos meses, confiados en que Maduro perdería en las urnas y aceptaría el dictamen popular.

Un nuevo pico en el desplazamiento trasnacional de venezolanos preocupa a todo el continente. De hecho, ya países como Perú, Ecuador y otras naciones del sur han advertido que reforzarán sus estrategias de control fronterizo para evitar una nueva oleada de migrantes ilegales. Adicionalmente, para nadie es un secreto que varias naciones americanas están implementando mecanismos para la deportación de extranjeros que han cometido delitos.

En Centroamérica la situación no es mejor. Tras el arranque del gobierno del presidente de Panamá José Raúl Mulino, esa nación ha extremado sus políticas migratorias para frenar el ingreso a diario de miles de venezolanos, ecuatorianos, haitianos, colombianos y ciudadanos de otros países por la zona del tapón del Darién. No solo se cerraron varios pasos ilegales en la zona selvática, en donde se instalaron incluso mallas metálicas, sino que, tras un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, se inició ya un programa de repatriación y deportación de quienes ingresan de forma irregular al istmo.

Ya se han concretado dos vuelos, uno a Colombia y otro a Ecuador, en tanto que se reforzó el personal militar y policial en el área limítrofe. Por ahora, los expulsados han sido principalmente personas con antecedentes penales, pero la idea es hacerlo con todos en general. No hay que olvidar que mientras el año pasado cruzaron por el Darién no menos de 520 mil personas, en lo que va corrido de este año ya la cifra es superior a las 230 mil.  

Visto lo anterior, queda claro que Colombia podría ser el país más impactado por esa nueva coyuntura en la diáspora venezolana. Como lo indicaron algunos analistas en los informes publicados por este diario, por supuesto que, con naciones suramericanas y centroamericanas extremando sus controles al paso de los migrantes, es posible que una parte sustancial de esa nueva población flotante termine quedándose en nuestro territorio de forma temporal.

Paradójicamente, en vista de que el acuerdo entre Panamá y Estados Unidos establece que no se procederá a la repatriación de los venezolanos, esto por el alto nivel de riesgo a que estarían expuestos al quedar a merced de la dictadura y en medio del agravamiento de la crisis política, económica, social, institucional y de derechos humanos, hay quienes advierten que esta circunstancia podría terminar siendo una especie de ‘incentivo perverso’ para un aumento de la cantidad de hombres, mujeres y niños del vecino país que decidan arriesgarse a la peligrosa travesía por el Darién y al no menos dramático recorrido centroamericano, en busca de llegar a la frontera sur estadounidense y allí esperar a un posible visado humanitario.

En ese orden de ideas, se entiende por qué es imperativo que el gobierno colombiano, que hace una semana anunció un plan de acción tripartito con los gobiernos Mulino y Biden para frenar la migración ilegal, presione para que se aterrice una estrategia trasnacional más eficaz y proactiva contra este flagelo. Urge viabilizar mayor financiación externa para la atención humanitaria de los desarraigados. Y, ante todo, el gobierno Petro debería abandonar su polémica y gaseosa postura ante el fraude electoral perpetrado por la dictadura, no solo porque es una obligación defender la democracia, sino porque, en la medida en que la satrapía salga del poder, disminuirá el flujo poblacional que a diario huye de Venezuela buscando salvar la vida y conseguir un futuro mejor.