* Urge reforzar el plan de contingencia
* Los retos de cara al calendario 2021
El calendario académico de este año ha sido, sin duda, uno de los más afectados por el coletazo de la pandemia de Covid-19, no solo en Colombia sino en todo el mundo. Los informes de las agencias globales como la Unesco y otras instancias multilaterales coinciden en que la educación está afrontando el desafío más importante de las últimas décadas, por varias razones. La primera es que si bien es cierto que estamos en plena era digital una gran parte de las escuelas, colegios e incluso instituciones de educación superior no estaba preparada para el cambio intempestivo de la instrucción presencial a la virtual. En segundo término, resulta evidente también que el personal docente en su gran mayoría no ha logrado incorporar de manera natural y eficaz las herramientas tecnológicas al día a día de la enseñanza y la mejora cualitativa del aprendizaje de los alumnos en todos los niveles. Y, en tercer lugar, es innegable que los efectos socioeconómicos de la crisis sanitaria dispararán los niveles de deserción, poniendo en grave peligro la posibilidad de que los países puedan cumplir con sus metas de reducción del analfabetismo, aumento de la escolarización y del acceso a otros niveles superiores de instrucción, tal cual lo contemplan los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.
En Colombia el impacto de la pandemia en el sector educativo ha sido muy grande. Todos los calendarios se vieron trocados por las cuarentenas y demás restricciones a las que se acudió para frenar la curva de contagios y decesos por este coronavirus. Pero no ha sido la única afectación. Por ejemplo, las finanzas de muchas instituciones (sobre todo privadas) han entrado en crisis debido a la caída vertical de sus ingresos; una porción considerable de profesores y personal administrativo quedó cesante o trabajando a medio tiempo; los porcentajes de alumnos que se retiraron o desertaron se incrementaron; las economías de escala que dependen de este sector (transporte escolar, restaurantes, editoriales y otros rubros de servicios y productos demandados por los estudiantes) cayeron a sus mínimos; y, lo que es más preocupante, resultó claro que muchas escuelas, colegios y universidades no tenían la suficiente infraestructura, talento humano ni herramientas tecnológicas para activar las plataformas digitales que permitieran una educación virtual eficiente y de calidad. A todo lo anterior debe sumarse que nadie estaba preparado para la aplicación de los exigentes protocolos de bioseguridad que deben implementarse de cara al regreso a las aulas, ya sea de manera permanente o bajo el sistema de la alternancia.
Faltando ya escasas semanas para que termine el calendario en el calendario A y que comience el periodo vacacional en el B, y con el semestre universitario cerca de finiquitar, es evidente que muy pocas instituciones han podido retornar al trabajo presencial. De hecho, en muchas escuelas, colegios y claustros de educación superior ya se determinó que este año se terminará en la modalidad virtual y solo en 2021 se aplicará de manera permanente y obligatoria el esquema de la alternancia. Pero aun así los debates y las polémicas están a la orden del día, ya que hay muchos temas que no han podido ser resueltos de manera eficiente entre las directivas de esas instituciones, el personal docente y administrativo, los padres de familia, los propios alumnos y, claro está, las autoridades. Por ejemplo, hay múltiples denuncias sobre aumentos desmesurados en los costos del transporte escolar, bajo la justificación de las limitaciones al número de estudiantes que se pueden movilizar en cada vehículo; de igual manera en muchos establecimientos se está urgiendo acelerar en noviembre y diciembre el pago de matrículas, pensiones y otros rubros de 2021 con el fin de que se obtengan los recursos para poder pagar primas y demás gastos de las instituciones, cuya situación financiera es crítica, pese al plan de alivios activado por el Gobierno en medio del estado de Emergencia Económica y Social; no menos grave resulta el creciente número de familias que tendrían que retirar a sus hijos debido a que no cuentan con los recursos para que sigan estudiando el próximo año, razón por la cual urgen una extensión automática de los beneficios y alivios en materia de pensiones y otros gastos; también está la queja recurrente de muchos centros de instrucción en torno a que no tienen cómo financiar el alto costo de los protocolos de bioseguridad que exige el retorno a las clases presenciales; de igual manera muchos padres y madres advierten que debe esperarse a la evolución de la curva epidemiológica para saber si en dos meses es seguro volver a las aulas de manera progresiva…
Visto todo ello, es imperativo que el Gobierno, a través del Ministerio de Educación y las instrucciones dadas a las secretarías respectivas a nivel de departamentos y municipios, refuerce el plan de contingencia activado para amortiguar el impacto de la pandemia. Está visto que, de cara a lo que será el 2021, hay muchos asuntos pendientes que urgen medidas más audaces para entrar con paso firme en lo que ha dado en llamarse la “nueva normalidad” pospandemia.