La segunda temporada invernal del año ya está en pleno vigor en la mayor parte del territorio colombiano. Las lluvias son el común denominador en muchas regiones, en tanto que las emergencias por inundaciones, deslizamientos y afectación de infraestructura vial, entre otras, comienzan a multiplicarse.
Ya varios gobernadores y alcaldes han alertado al Sistema Nacional de Prevención de Emergencias que es necesario activar todos los mecanismos de respuesta rápida con el fin de evitar que el país sufra las consecuencias de una tragedia anunciada por cuestión del invierno.
Los pronósticos de autoridades meteorológicas estadounidenses y globales señalan que el fenómeno climático de La Niña ya se siente en la parte central del continente, aunque con una intensidad media-baja por el momento, pero podría aumentar al final del año y comienzos de 2025. Así las cosas, mientras que países como Perú y Ecuador han sufrido este año épocas extremas de sequía (este último sometido ya a racionamiento de luz por la crisis de su sistema hidroeléctrico), en Colombia, si bien es cierto que en meses recientes el volumen de lluvias ha sido inferior a los promedios históricos, el nivel de los ríos y los embalses se ha venido recuperando poco a poco en las últimas semanas, aunque aún permanece por debajo de los registros de años anteriores.
De hecho, por ahora no desaparece el fantasma de un apagón, ya que, si bien la cadena de generación térmica está funcionando a su máxima capacidad, supliendo el menor aporte del sistema hidroeléctrico, hay ciudades como Bogotá con racionamiento preventivo de agua y las alertas por el suministro de gas vehicular y domiciliario siguen prendidas.
Los pronósticos del Ideam señalan que las lluvias más intensas se presentarán durante este mes y comienzos de diciembre. La zona Andina, Caribe y la Pacífica serían las más afectadas, en tanto que en materia de riesgos de deslizamientos de tierra hay 81 municipios en alerta roja, 214 en naranja y 274 en amarilla. Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Santander y Valle, las zonas en donde debe tenerse mayor cuidado.
En la región Caribe la mayor preocupación continúa girando alrededor de la temporada de huracanes, que este año ha sido particularmente intensa. De hecho, en estos momentos hay alertas prendidas por la tormenta tropical Rafael, que entre hoy y mañana tiene alta probabilidad de convertirse en huracán. Esa era anoche la causa de lluvias moderadas y localmente intensas, así como vientos y oleaje fuerte en La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba.
Visto lo anterior, todas las prevenciones deben estar a su máximo nivel de activación en Colombia. Sin embargo, es innegable que tras el escándalo de corrupción que se registró en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres al comienzo del año, y que involucra a altos funcionarios del actual gobierno, hay mucha precaución tanto en esa entidad como en varias gobernaciones y alcaldías para proceder a las contrataciones por urgencia manifiesta para atender emergencias. A ello hay que sumar, como lo han denunciado algunos congresistas, que el recorte presupuestal aplicado por el Ejecutivo para morigerar la crisis fiscal también ha impactado los recursos para sufragar este tipo de contingencias en el orden nacional, regional y local.
Por el momento hay que confiar en la rápida implementación de la Estrategia Nacional para la Respuesta a Emergencias, recientemente aprobada por el Comité Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Esta iniciativa, de acuerdo con la citada Unidad, tiene como objetivo fortalecer la capacidad de respuesta ante contingencias, asegurando que se esté lo mejor preparados para proteger a las comunidades.
Ahora bien, no se puede desconocer que tras los crecientes cortocircuitos entre el Gobierno nacional y no pocas gobernaciones y alcaldías, algunos incluso motivados por sesgos políticos aplicados desde la Casa de Nariño y el rango ministerial, hay preocupación en las regiones en torno a cómo funcionará el sistema de prevención y atención de emergencias en medio de ese escenario incierto.
Así las cosas, el llamado es uno solo: máxima coordinación entre todas las esferas de la Administración pública para que el mecanismo institucional para afrontar desastres esté afinado y responda de manera eficaz y rápida. Los entes de control deben estar atentos y lanzar las advertencias del caso para que no haya desatención ni demora alguna. Cada error, lamentablemente, se termina pagando en vidas y cuantiosos daños económicos.