Urgencia de formalizar operaciones mineras

En   la medida que avanzan las conversaciones de paz en La Habana, se multiplica el interés por desarrollar la otra Colombia, la de la periferia, aquella en la cual se concentra gran parte de la riqueza nacional. Lamentablemente allí es modesto o casi inexistente el desarrollo y se ha padecido por décadas el flagelo del conflicto armado. Cualesquier visión sobre el futuro y el posconflicto tiene que ver con la existencia de dos Colombias, las cuales forman un mismo país desigual. En algunas zonas se vive como en el primer día de la creación y se carece de convenciones civilizadas y de la presencia del Estado. Los actores armados en esas regiones apartadas han sido los más interesados en impedir el desarrollo y por eso destruyen puentes, minan caminos e impiden el accionar de la empresa privada. Son áreas en las que prevalece la ilegalidad, en particular en lo que se refiere a la explotación de los minerales estratégicos como el oro. Para hacer frente a esta situación, el Gobierno adelanta proyectos fundamentales para fomentar la infraestructura y facilitar el desarrollo productivo, lo mismo que para legalizar la explotación de minerales y erradicar los cultivos ilícitos.

Las investigaciones de distintos entes oficiales y privados demuestran que por cuenta de la minería ilegal se mueven más dineros que por el narcotráfico. Ello ha determinado que el Ejecutivo ordene una permanente vigilancia para detectar y castigar la explotación ilegal del oro, al tiempo que se combate el cartel que se dedica a comerciar ilícitamente el preciado metal. Se espera, entonces, que con el programa del Registro Único de Comercialización de Minerales (Rucom), la Agencia Nacional de Minería podrá revertir la situación de ilegalidad y burla del pago de impuestos, para establecer un sistema formal y vigilado de extracción técnica, segura y ambientalmente sostenible. Sorprende que en la formalidad apenas se mantenga un 17 % de las operaciones de explotación del oro y plata. Es decir, minas y yacimientos que cuentan con títulos legales. Lo que significa, entonces, que el 83 por ciento de los metales preciosos que se extraen en Colombia corresponde a explotaciones ilegales, informales o artesanales.

El año pasado se procedió a reforzar la regularización de la explotación y comercio del mineral. Para ello los títulos mineros han sido incluidos en el Rucom, con el fin de que los titulares puedan transar su producto legalmente. El segundo paso dentro de esa estrategia es conseguir que los comercializadores del mineral se registren en el nuevo sistema. Resulta evidente que en cuanto a las operaciones mineras ilegales se carece de una información a fondo y confiable, lo que determina que no se puedan tasar de manera acertada los montos de dinero que se manejan ni los puntos de extracción en ríos y quebradas, en donde laboran millares de personas. Lo que, a su vez, dificulta el control y la posibilidad de evitar o mitigar la contaminación del ecosistema con sustancias tan peligrosas como el mercurio.