Pacifismo y violencia | El Nuevo Siglo
Jueves, 18 de Septiembre de 2014

*¿El paraíso a la cubana?

*El desarrollismo colombiano

 

Una simple mirada a los medios de comunicación nos muestra la dicotomía que escinde y sacude a la sociedad colombiana, por  la cantidad de noticias e interpretaciones que a diario se difunden sobre los avances para alcanzar la paz negociada y los episodios de violencia que siguen causando muertes de uniformados y civiles inocentes y dejan una mancha de sangre por el territorio nacional. Es triste y angustioso que se siga matando a los colombianos, cuando es un hecho incontrastable que la subversión no tiene la capacidad de tomarse el poder, que esos asaltos y ataques terroristas de los últimos días no van a cambiar el curso de la historia, ni por esa vía van a conseguir que el Gobierno o la sociedad capitulen.

Los expertos internacionales que  ahora visitan el país con frecuencia y que, en su mayoría, estuvieron ausentes de nuestra realidad por décadas, sostienen que es normal que los subversivos, en una etapa de negociación como la que está en juego en La Habana, “presionen” al Ejecutivo. Pero esa “presión” de la que hablan no sería más que es un eufemismo para evitar decir que las Farc asesinan más soldados, policías y civiles para forzar un acuerdo a su acomodo. Otros afirman que quizá la intención estratégica de los subversivos va más lejos y se trata de aterrar a la sociedad para que la misma influya en los gobernantes con la finalidad de paralizar el aparato militar del Estado.

Es preciso recalcar que cualesquiera de esas hipótesis o especulaciones no van a conseguir quebrantar la voluntad de una nación que está por la paz, cuando se es consciente que esa violencia no tiene justificación alguna, en cuanto el pueblo colombiano ha demostrado en mil elecciones que no apoya el extremismo de izquierda ni el modelo cubano, menos el denominado socialismo del siglo XXI.

La vecindad con Venezuela y el hecho que allí viven millones de colombianos abre los ojos de las gentes que están al tanto de que en ese país miles y millones de dólares de la riqueza petrolera han sido destruidos o despilfarrados, de manera obsesiva y sistemática para financiar las aventuras políticas de sus aliados en el exterior y ensayar un presunto ‘modelo igualitario’ que, en realidad, sólo consiste en empobrecer a todos. Los colombianos, sobre todo los más humildes, padecen en Venezuela el fracaso del modelo, dado que no consiguen ni siquiera los artículos de primera necesidad como el jabón, el papel higiénico, medicinas  y la comida más básica. Las empresas se cierran por falta de materias primas, la juventud carece de oportunidades, los profesionales se fugan, los comercios quiebran y la vida económica languidece cada vez más. Así que ese modelo lo rechazan por instinto las masas colombianas que nada quieren saber del igualitarismo por lo bajo y eso de hacer paupérrimos a todos.

Lo cierto es que en Colombia tenemos un modelo de desarrollo realista, que es el que por años defendió el jefe conservador Álvaro Gómez y que, aún sin alcanzar a llegar al poder y sin que se haya seguido a plenitud, hoy tiene más vigencia que nunca; un modelo que consiste en promover las formas de producción y explotación inteligente de nuestros recursos. La revolución no es empobrecer a las personas, sino elevar su nivel de vida. Se trata de estimular la inversión privada, como la producción, fomentar la construcción de infraestructura para que se levante allí la estructura del desarrollo, principalmente en la periferia de nuestro territorio, en donde impera la violencia secular. Un modelo que mediante la planeación procura impulsar el crecimiento y la incorporación al progreso de las zonas más deprimidas y azotadas por el conflicto armado, pese a que allí se encuentra la mayor riqueza del país.

Ese gran proyecto desarrollista que impulsó Álvaro Gómez tenía como centro de gravedad la consecución del imperio de la ley y la depuración de la justicia, con instituciones como el Consejo Superior de la Judicatura, que debía meter en cintura la Rama Judicial, pero al cual la primera Corte Constitucional le quitó esos poderes. Un modelo que promovía la Fiscalía General de la Nación, para que combatiese el delito, al tiempo que consideraba que las Fuerzas Armadas tenían la misión de derrotar a los alzados en armas. En ese modelo, consciente o inconscientemente, han avanzado distintos gobiernos en nuestro país, pese al magnicidio de su inspirador. Ese es  nuestro modelo, así no se haya ejercido a plenitud, muy diferente al de varios países de la región que se hunden con la soga al cuello del llamado socialismo del siglo XXI.